Es un hecho tangible e innegable que la pandemia del virus SARS-CoV-2 ha ocasionado una reconfiguración de fondo dentro de las prioridades que atienden los gobiernos de todo el mundo, donde evidentemente para México no es la excepción.
Bajo esta tesitura, los pilares centrales que han ocupado a la definición e instrumentación de las políticas públicas se erigen sobre el terreno sanitario y económico. Respecto a este último rubro, la necesidad de reactivar integralmente la economía no sólo debe estar guiada por el retorno de las actividades comerciales o de servicios, sino también por un replanteamiento sustancial de las políticas fiscales y recaudatorias, bajo la premisa de favorecer a la población.
Cabe señalar que gobiernos de otros países han planteado y estructurado planes de apoyos fiscales a las empresas y la población en general con éxito, como exentar el pago de impuestos y derechos para sanear las finanzas personales, para que las personas tengan dinero en los bolsillos y no sufran mayores complejidades para satisfacer sus necesidades básicas.
Desafortunadamente en México la tendencia parece ir en sentido contrario, gracias a un gobierno federal que no quiere ver la realidad que acongoja a miles de mexicanos y de empresas, prefiriendo continuar con actitudes demagógicas en lugar de apoyar verdaderamente a los más sectores desfavorecidos, prefiriendo direccionar partidas presupuestales a obras faraónicas como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, que poco le interesan a las necesidades actuales de las y los mexicanos.
Lo anterior no obedece a ninguna ideología partidista o tendencia política: es una clara expresión de lo que nos ha dejado ver el Paquete Económico para el ejercicio fiscal del 2021 presentado por el Ejecutivo Federal, así como el tratamiento que le ha brindado Morena y sus correligionarios.
Aunque se diga que no se están aumentando impuestos, la realidad es que han aprovechado las ventanas de oportunidad para incrementar derechos como una manera de recaudar. Muestra de ello es el aumento de los derechos del espectro radioeléctrico, que encarece el servicio de internet y telefonía celular, contraviniendo el espíritu de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, que sin duda alguna permitió que los mexicanos escogieran un paquete de acuerdo a su capacidad económica y bajaran los costos de la telefonía celular y el internet.
En virtud de lo anterior, es inentendible que en una coyuntura compleja en la que la educación y trabajo de millones de mexicanos han virado al uso de las herramientas tecnológicas, requiriendo de internet y telefonía celular, Morena plantee un escenario con mayores gravámenes en el que es muy probable que estos servicios suban su costo. Por ello, es sumamente deplorable y reprochable que el grupo mayoritario incremente un servicio tan básico y necesario para nuestro país; además de que han dejado en el limbo jurídico a una serie de programas, fondos y fideicomisos cuya aplicación es vital para miles de mexicanos.
Empero, no es momento de echar culpas ni complicar el uso y destino de los recursos públicos, más bien se trata de asumir como legisladores federales un alto grado de responsabilidad y congruencia en nuestra tarea como representantes de la población y de las entidades federativas, para impulsar el verdadero crecimiento económico y la generación de empleo que tanto necesita nuestro país, sin causar mayores repercusiones a millones de mexicanos que se esfuerzan día a día por adaptarse a la nueva normalidad.
Senador de la República. @manuelanorve
