Durante décadas, especialistas, investigadores, académicos e instituciones internacionales dedicadas al ámbito laboral han insistido en la necesidad de disminuir las horas dedicadas al trabajo en nuestro país, como parte de una tendencia mundial debido en buena medida al surgimiento de nuevas tecnologías que han permitido que la utilización de máquinas y dispositivos especiales en los procesos fabriles hagan lo que antes realizaban los trabajadores, que, por lo demás, es un aspecto sobre el que no se han establecido normas jurídicas lo suficientemente claras en defensa de los trabajadores y su permanencia en las plazas que por derecho les corresponde.
En el pasado mes de mayo, durante los festejos del Día del Trabajo, las autoridades laborales del país iniciaron la transición hacia una jornada laboral de 40 horas semanales, cambio que se concretará, según estimaron, en el 2030. Cabe señalar que esta iniciativa para bajar las horas de trabajo de 48 a 40, ya había sido aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados en 2023, pero quedó frenada porque no la incluyeron entre las iniciativas prioritarias para los legisladores, aunque fue anunciada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum desde el primer día de su mandato.
En el plano internacional, existen ya varias naciones que han aplicado la reducción de horas en sus jornadas laborales, como es el caso de Japón, Alemania, Francia, Suecia y Noruega. Incluso hay empresas de esas naciones que han establecido que sus empleados trabajen solamente cuatro días semanales y uno lo dedican a recibir capacitación. Y aunque trabajan menos, han aumentado su productividad.
Sin embargo, el caso de nuestro país es muy distinto. Cabe decir que se han realizado estudios importantes en la materia, que señalan que antes de reducir las horas de trabajo, primero se deben incrementar los niveles de productividad, la cual es muy baja, pues de hecho no hemos logrado recuperar los rangos que teníamos antes de la pandemia. Organismos internacionales, como la OCDE, indican que para dejar de estar en los últimos lugares en productividad, México debe aplicar medidas suficientes para abatir la informalidad laboral, entre otros obstáculos que fomentan la desigualdad económica laboral y frenan la productividad.
En este sentido, la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en México, arrojó datos alarmantes de que hay 32.8 millones de personas trabajando en el sector informal sin seguridad social, ni derechos sindicales ni prestaciones para ellas y sus familias. Esta realidad hace establecer una disyuntiva fundamental: ¿menos horas de trabajo, o más productividad? O bien, ¿primero abatir la desigualdad laboral y después reducir las horas de trabajo?
En todos los escenarios que se puedan establecer para dar respuesta a estas disyuntivas, es indispensable analizar los pros y contras desde la perspectiva de la defensa de los derechos de los trabajadores. Es decir, que la pretendida reducción de horas de trabajo no atente contra las percepciones económicas de los trabajadores, ya sea del sector público o el privado. Que reducir horarios no signifique recortar sueldos ni derechos.
La productividad también debe ser un factor determinante para decidir sobre la reducción de horas de trabajo, pues si no hay producción no existen márgenes de ganancia que garanticen buenos salarios. Por eso pensamos que es necesario llegar a consensos entre gobierno, empresarios, sociedad civil, organizaciones sindicales, para concretar iniciativas tan importantes como esta. Hacerlo desde la tribuna a través del discurso mediático, no dará buenos resultados sostenibles a largo plazo.
Hasta la próxima.
