Víctimas calcinadas a la puerta de una oficina de defensores sociales

Maite Azuela

Crece la estigmatización contra las organizaciones que trabajan contra corrupción y violencia

La madrugada del pasado domingo, parte del equipo de Cauce Ciudadano, llegó a la oficina ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, alertados por lo que nunca imaginarían que encontrarían. Su camioneta estaba incendiada y frente a ella dos personas que, de acuerdo con sus declaraciones, parecían haber estado muertas antes de ser calcinadas.

De las seis a las ocho y media de la mañana confirmaron que las víctimas no correspondían a gente del equipo ni a sus familias. Siguen ahora verificando que sus más de 15 mil beneficiarios estén a salvo.

Conversé un día después con Carlos Cruz, uno de los líderes de la organización. La voz se le quebraba, pero la fuerza le hacía recuperar entereza y articular un diagnóstico tan integral como devastador: “Este acto delictivo genera daño irreparable a las personas, produce una inevitable confrontación de sociedad civil con gobierno y desata terror entre la población. Es un acto terrorista. Por la forma en que se llevó a cabo el acto, podemos intuir que hay agentes estatales y no estatales”.

Cauce Ciudadano es una organización de mujeres y hombres valientes que en el último periodo han dado la batalla contra las redes de trata, pornografía y pedofilia, además activos frente a redes locales de tráfico de armas y desactivando conflictos. Esto frente a lo que llaman “total indiferencia de las autoridades locales y en especial del alcalde Francisco Chiguil Figueroa”.

Han decidido no doblegarse. Reforzarán sus objetivos: 1) saber quiénes son las víctimas, sus nombres, sus sueños; 2) que la investigación lleve a los vínculos políticos e inversionistas del crimen y 3) desmantelarlos patrimonialmente con la reutilización de bienes confiscados.

Tras tener acceso a varios videos, suponen que el operativo implicó la inversión de tres autos, nueve personas que habrán recibido 30 mil pesos cada una, que suman 270 mil pesos por honorarios del operativo de llevar a los cuerpos, sin contar la privación de la libertad de las personas.

Sostuvieron ya una conversación con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Sienten confianza en que están preocupados y protegerán a los integrantes de la organización.

Cuando le pregunto si esta avalancha de actos de terror es una fase nueva para la CDMX, Carlos asegura que la violencia no se ha detenido. “En octubre de 2010 fueron asesinados 7 jóvenes en la colonia Morelos. No hay forma de que tengan esos alcances sin un vínculo con el gobierno al más alto nivel”.

Reviso entonces las cifras de México Evalúa —con base en datos del SESNSP— que muestran cómo los niveles de homicidio doloso se incrementaron desde 1997 con 10 asesinatos por cada cien mil habitantes y que en 2017 alcanzaron casi 13 homicidios por cien mil habitantes en la CDMX.

¿En la conversación con la jefa de Gobierno les pidieron que detuvieran sus propias investigaciones? “No, y si lo hicieron no me di cuenta. Debe existir una investigación en la fiscalía de alto impacto que promueva el desmantelamiento político, financiero y patrimonial de la célula criminal. Se requiere una Unidad de Inteligencia Financiera local, una ley de bienes confiscados al servicio de la lucha contra la delincuencia y un pacto político con todas las fuerzas. Terminar la fiesta de corrupción e impunidad entre crimen y política”.

Crece la estigmatización de las organizaciones de sociedad civil, sobre todo de aquellas que trabajan contra la corrupción y la violencia. Incluso desde el púlpito presidencial. El acto de terror con el que han sido amenazados, confirma que estas organizaciones son determinantes en la construcción de paz. 

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