Tomás Zerón, Peña Nieto y la desaparición de 43 estudiantes

Maite Azuela

El caso Ayotzinapa muestra que las fallas de la investigación no son responsabilidad de policías o el MP, las cúpulas del poder juegan un papel relevante

Felipe Rodríguez Salgado. Este nombre ha transitado por varias fases para la opinión pública en México. En 2014 y 2015 fue presentado por Tomás Zerón y Jesús Murillo Karam como uno de los principales responsables de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Durante 2016 y 2017 varias voces echaron mano de este nombre para respaldar la mal llamada verdad histórica. En 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas lo incluyó en su informe “Doble Injusticia” como parte un grupo 34 de personas –procesadas por el caso Ayotzinapa– de las que el organismo internacional tenía fuertes elementos de convicción de haber sido sometidas a tortura.

En julio de 2020 se dio a conocer en los medios de comunicación un video en el que aparece Felipe Rodríguez Salgado, en un cuarto que nada tiene que ver con un Ministerio Público, rodeado de policías y siendo interrogado por Tomás Zerón a la voz de: “Va por la suave […] a la primer mamada te mato wey”. Incluso con la aparición de este video, hubo voces que se aferraron a negar los actos de evidente tortura.

El lunes pasado, la Fiscalía General de la República dio a conocer que la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso había conseguido una nueva orden de aprehensión contra Tomás Zerón, esta vez por la tortura cometida en contra de Felipe Rodríguez Salgado.

No se trata de festejar que Tomás Zerón cuenta con una nueva acusación por torturador. Justamente por ello inicié esta columna relatando los significados que ha tenido el nombre de Felipe Rodríguez Salgado a lo largo de casi 7 años. Es relevante que la misma persona que se presentó ante los medios como el principal conductor de la investigación del caso, hoy sea buscado por la justicia por haber cometido un acto prohibido por el derecho internacional como la tortura.

La impunidad desde las cúpulas del poder. Uno de los aspectos de los que adolece la justicia en nuestro país, es que los funcionarios de alto nivel difícilmente son llamados a rendir cuentas por actos de los que se les acusa. Tenemos el caso, por ejemplo, de Genaro García Luna, procesado en Estados Unidos, pero no en México.

El caso de Tomas Zerón es relevante porque muestra que, para acabar con la impunidad en México, es necesario que los involucrados en las investigaciones sean llamados a rendir cuentas. El caso Ayotzinapa muestra que las falencias de la investigación no son responsabilidad únicamente de los policías aprehensores o los agentes del ministerio público, sino que las cúpulas del poder juegan un papel relevante para llegar o no a la justicia.

La rendición de cuentas de Tomás Zerón no solo sirve para que tenga consecuencias por sus actos, también sirve para conocer la información que pudo haber tenido el gobierno mexicano en 2014 y que, por alguna razón, decidió ocultar.

Así, como presidente, Enrique Peña Nieto nombró a Tomás Zerón como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, a pesar de la ineptitud demostrada en su desempeño como director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). La protección que recibió del expresidente fue evidente, lo cual de alguna manera abona a la hipótesis de que su penoso papel en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, haya sido avalado desde la presidencia, como blindaje de impunidad para el caso.

Hoy Tomás Zerón es prófugo de la justicia y desde el año pasado es buscado por la Interpol. Incluso, de acuerdo con el Cartel Project, de la organización Forbidden Stories, fue gracias a las relaciones cercanas que entabló con empresas de servicios de tecnología de Israel, que pudo viajar a ese país para mantenerse oculto y protegido.

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