El testimonio de Maha Schekaibán no es solo una entrevista, es un acta de acusación contra un sistema judicial que, frente a hombres con poder económico y político, se pliega, se tuerce y termina operando como una maquinaria de persecución. Su historia, junto con las de Regina Seemann y María Fernanda Turrent, revela un patrón inquietante: en México, denunciar violencia de género puede convertirse en una sentencia anticipada contra la propia víctima.
A Schekaibán le fabricaron carpetas “una tras otra”, con versiones que se contradecían entre sí, hasta llegar a la amenaza absurda de 36 años de cárcel. No es justicia: es una estrategia de castigo articulada para quebrar emocional, económica y socialmente a quien se atreve a denunciar. La fórmula se repite: denuncias inventadas, medidas cautelares desproporcionadas, manipulación procesal y el uso del Estado como instrumento para anular la voz de la denunciante.
En el centro de esta agresión está la violencia vicaria. Al arrebatarle a Maha a sus hijos, usarlos como herramienta de daño y convertir la maternidad en un campo de batalla, el sistema judicial se vuelve extensión del agresor. No se trata de un “conflicto familiar”, como intentan presentarlo quienes quieren minimizarla, sino de una violación grave a derechos humanos, ejecutada desde instituciones que deberían proteger.
La persecución institucional se combinó con un ataque directo contra quienes la defendían. Ana Katiria Suárez, abogada de derechos humanos y representante de las tres víctimas, recibió amenazas de muerte, denuncias fabricadas y una campaña sostenida de desprestigio. El mensaje era transparente: las mujeres deben enfrentar solas al aparato que las persigue. La obligaron al exilio para preservar su vida, mientras los agresores mantenían intacto su margen de maniobra.
El caso de Maha conecta con la advertencia reciente de ONU Mujeres sobre violencia digital, desinformación y linchamientos orquestados. Cuando las instituciones fallan, la única protección posible es la visibilidad, pero el espacio digital tampoco ofrece refugio. A las pocas horas de que Schekaibán hizo pública su denuncia, aparecieron cuentas simuladas, campañas de difamación y ataques coordinados para deslegitimarla. La nueva mutación de la violencia opera así: cuando no puede ejecutarse plenamente en los tribunales, se amplifica en redes para despojar a la mujer de credibilidad y sembrar duda pública. En el caso de Maha, la persecución legal convive con una persecución digital diseñada para que su verdad se pierda en el ruido.
Aun así, su voz se mantiene. Hoy participa en la creación del Protocolo de Violencia Vicaria para Juzgadores de la CDMX, aportando criterios para identificar el abuso procesal y nombrar lo que durante años se escondió bajo discursos de “custodia compartida” o “conflictos domésticos”. Su experiencia, dolorosa y resistente, se transforma en herramienta pública.
El llamado de Maha al Estado es devastador por su sencillez: dejar de criminalizar a las víctimas, frenar la persecución institucional y proteger a quienes denuncian y defienden. Su caso es un espejo feroz del país: mientras la impunidad siga siendo la regla y la justicia un privilegio, ser mujer y denunciar será un acto de riesgo extremo. Y hoy, la voz de Maha —incómoda, lúcida, necesaria— no tiene intención de callar.