Cuando se menciona la palabra delincuencia organizada, la imaginación se apresura a dibujar figuras de capos del narcotráfico, camionetas blindadas y armas de alto calibre. Sin embargo, en México existe otra forma de delincuencia, más silenciosa y devastadora, que se nutre del poder conferido por cargos en la función escolar: el abuso sexual en los centros educativos.
“La deficiente gestión de la SEP en las escuelas da lugar a que exista el abuso sexual y las violencias que lo rodean. Es delincuencia organizada, desde lo más alto del Estado. No me puedo imaginar que solamente una persona haya hecho todo lo que ocurrió”, afirma con firmeza una de las madres de las víctimas del jardín de niños Marcelino de Champagnat.
Para ella, el acto de disculpa pública no es un gesto simbólico, sino un triunfo colectivo, resultado de una batalla larga y desgastante: “fue una lucha contra la SEP”. La victoria pertenece tanto a las familias como a las abogadas de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI).
Este reconocimiento, añade, va más allá de lo personal: “Es una deuda para todas las personas, no solamente para nuestros hijos. Si bien es cierto, nuestros hijos son el motor, pero realmente es una disculpa a México, a la niñez, por el reconocimiento de los delitos cometidos”.
La violencia sexual dentro de los planteles no es un accidente aislado. La ODI ha documentado que, en la última década, los casos de abuso sexual infantil en las escuelas mexicanas se han triplicado. No distingue entre instituciones públicas o privadas: los agresores se esconden entre docentes, personal administrativo o de limpieza, multiplicando un patrón que se replica en distintas entidades.
El acto de disculpa pública de la SEP abre una puerta, pero también plantea una pregunta central: ¿cuántas disculpas se necesitan para erradicar la violencia sexual contra la niñez en las aulas? El reconocimiento es apenas el primer paso de un camino que exige reformas estructurales. Como recuerda otra madre: “Por mucho tiempo, las autoridades dijeron que el abuso en las escuelas era algo que no pasaba”. La negación fue, durante años, la coartada perfecta de la impunidad.
El caso del Marcelino de Champagnat no es único; es parte de una constelación de tragedias compartidas por padres y madres que han enfrentado idénticos patrones en otras escuelas.
Las palabras obligan a voltear la mirada hacia la oficina de Mario Delgado y preguntar sin rodeos: ¿le importa al Estado revertir esta forma de delincuencia organizada que hiere el corazón mismo de la educación?
La ODI insiste: es indispensable capacitar de manera permanente a todo el personal escolar en prevención, detección y abordaje de la violencia sexual. Además, subraya que la reparación integral del daño sigue siendo una deuda pendiente.
El abuso sexual infantil es una herida colectiva que debería indignarnos a todas y a todos. Más aún cuando se produce en espacios que deberían proteger con celo la inocencia y la confianza. Ojalá la disculpa pública de hoy no quede en el registro de los gestos protocolarios, sino que marque el inicio de una política de Estado que, por fin, ponga a salvo a la niñez mexicana.
@MaiteAzuela
