Militarismo y claudicación del Estado

Maite Azuela

La presión castrense en esta administración ha puesto en entredicho su respeto por instituciones del Estado

Si en algo ha contribuido el diseño de los órganos autónomos al proceso de transición democrática y de garantías de libertades y derechos del país, es a mantener la sana distancia con los protagonistas del servicio público, para evaluar su desempeño en las diferentes materias de competencia de cada órgano.

Aunque gobiernos previos al lopezobradorismo, con sus cuotas partidistas, no resistían la tentación de tomar el control de decisiones estratégicas de órganos autónomos, en buena medida no lo consiguieron por el andamiaje jurídico sobre el que se constituyeron les permite sacudirse la presión política de convertirse en herramientas de legitimación gubernamental.

Sin embargo, la presión castrense juega en otras ligas y, en esta administración, ha brincado la barrera y ha puesto en entredicho su respeto por varias instituciones del Estado.

La semana pasada circuló una vergonzosa campaña publicitaria de seis comisionados del Inai: la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra, Francisco Acuña Llamas, Julieta del Río, Josefina Román, Óscar Guerra Ford y Adrián Alcalá avalando el aeropuerto y el trabajo de la Sedena. Supongamos sin conceder que el proyecto cumple con los más altos estándares de transparencia, no es facultad del Inai hacer propaganda de ningún sujeto obligado. ¿Imagina usted al INE haciendo videos para alabar a algún partido? Impensable. Pero para Sedena y para la Comisionada lastimar la credibilidad del Inai para vanagloria del grupo castrense fue concebible. Se adelanta sin tomar en cuenta los nefastos precedentes de rendición de cuentas que el Ejército tuvo en la previa construcción del aeropuerto de Texcoco: 1) la Auditoría Superior de la Federación presentó seis revisiones a contratos del proyecto del Aeropuerto, en las que destacan irregularidades por 328 millones 259 mil pesos y en los contratos en los que participó la Sedena los auditores encontraron irregularidades por 222 millones. 2) Sedena encareció 89% la barda del Nuevo Aeropuerto y utilizó empresas fantasma, además de que cotizó 79.6% de los bienes utilizados, violando el contrato que no le permitía rebasar 51%; 3) los auditores encontraron que Sedena presentó sobrecostos por 86 millones 828 mil pesos en la limpieza y deshierbe del terreno, extracción, carga y acarreo de materiales y el tezontle para la primera capa.

Ante el comportamiento de Sedena con el primer aeropuerto, las alabanzas no solo están fuera de las facultades del Inai, sino que son apresuradas y aventuradas.

Otro ámbito del Estado en el que la intervención de las fuerzas armadas se cristaliza, es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). ¿Alguien en sus cinco sentidos imaginó que estructuras de la Sedena y de Semar se incorporarían al Conacyt? La oposición no opuso suficiente resistencia y la Cámara de Diputados aprobó los cambios necesarios en la Ley de Ciencia y Tecnología para que los secretarios de la Defensa y de Marina formen parte del Consejo General de Investigación Científica del Conacyt, para ser parte de las sesiones en las que se revisarán los proyectos a los que se les apoyará con recursos económicos.

Otra muestra de militarismo consumado fue el operativo que implementó la Secretaría de Marina el pasado 29 de septiembre en Cofepris sin que hubiera información oficial sobre las causas que lo motivaron. Los marinos se instalaron armados en varios de los pisos de las instalaciones.

Si alguien tiene dudas sobre la imposición de un militarismo con el que se está claudicando a las funciones civiles del estado, quizá no ha alcanzado a entender que el militarismo conduce a condiciones en las que las instituciones militares influyen determinantemente en la toma de decisiones en el sistema político más allá de su esfera tradicional y se sobreponen a las instituciones civiles.

 

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