La detención de militares por el caso Ayotzinapa ha causado mucha indignación en varios sectores políticos. Como si se tratara de detenciones a primera vista injustas o poco fundamentadas. No debemos dejar pasar por alto el informe de Alejandro Encinas, en el cual se acusó directamente al coronel José Rodríguez Pérez de ordenar el asesinato de seis estudiantes normalistas, aunque sea una afirmación apresurada no significa que sea necesariamente improvisada. El subsecretario debe tener evidencia suficiente para realizar este tipo de señalamientos.
Es indispensable desmontar la idea de que para investigar, juzgar y responsabilizar o eximir a los militares, solo se cuenta con un testimonio. En 2014, la entonces Procuraduría General de la República acudió al 27 Batallón para que los militares rindieran sus declaraciones sobre el papel que desempeñaron la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre. Si los militares que hoy están detenidos declararon en 2014 ante la PGR de Murillo Karam y bajo el mando de Tomás Zerón ¿por qué no fueron detenidos en aquel momento?. Claramente porque no se tuvo la voluntad para agotar las líneas de investigación que involucraban a los militares, sino que deliberadamente se omitió esta hipótesis en la administración anterior porque resultaba muy cómodo para la verdad histórica.
No olvidemos que el soldado Eduardo Mota Esquivel, uno de los hoy detenidos, declaró ante la PGR que presenció el momento en que los policías estaban bajando a los estudiantes del autobús. Este soldado declaró que le informó a su superior el teniente Gálvez del 27 Batallón lo que estaba presenciando y que éste le habría respondido que se limitara a ver de lejos. Todos los estudiantes de ese autobús, el Estrella de Oro 1531, fueron desaparecidos mientras el militar observaba y lo comunicaba a sus superiores.
En diferentes medios analistas y periodistas han sostenido la hipótesis de que que la acusación contra los militares, en particular contra José Rodríguez Pérez, se sostiene únicamente a partir de la declaración del testigo “Juan”, quien aseguran es Gildardo López Astudillo, uno de los acusados por la PGR de ser líder de una célula criminal de Guerreros Unidos y quien fue liberado en 2019. No es casualidad que la acusación que les parece ilegítima sea la que involucra a algunos integrantes del Ejército.
Sabemos que no es sencillo para la mayoría sacudirse las estigmatizaciones, sobre todo cuando se tiene como testigo a alguien que fue acusado de cometer un delito. Sin embargo, el simple hecho de que se le haya liberado porque la PGR no pudo demostrar su culpabilidad hace que su palabra como testigo colaborador sea válida. Es completamente legal, ya que se encuentra en el Código Nacional de Procedimientos Penales. No es un tema acomodaticio, el testigo no tiene cargos penales y su palabra vale tanto como la de cualquier otro.
Contrasta el afán de deslegitimar la palabra de un testigo cuando se trata de inculpar a militares, mientras se le otorga valor implícito al testimonio de cinco testigos que fueron torturados para ratificar la verdad impulsada por el gobierno peñanietista.
El pasado martes en el programa Ciro Gómez Leyva “Por la mañana”, los abogados de los militares afirman que “Juan, el delincuente”, de repente se acordó de todo y por eso años después señala a los elementos del 27 Batallón. Habrá que recordarles que fuentes hemerográficas documentaron que Juan, el Gil, desde 2014 y 2015, antes de ser detenido por la PGR, señaló a elementos del 27 Batallón como parte del contexto de macrocriminalidad que imperaba en Iguala.
En noviembre de 2014, apareció en Iguala una narcomanta firmada por el Gil donde se señalaba al capitán Crespo como parte de la organización criminal. En esa narcomanta, el Gil afirmaba que se entregaría si se investigaba a los mencionados en su mensaje. Esta es solo una prueba de que no se trata de afirmar que el Gil “mágicamente” acaba de recordar todo.
Ahí está el propio expediente y lo reportado por medios desde 2014.
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