Ley de Salud Mental contra estigmatizaciones

Es de celebrar el que se elimine el modelode aislamiento o de cualquier prácticade tratos crueles e inhumanos

Maite Azuela
Nación 14/04/2022 03:18 Actualizada 05:13
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Aseguro que quien ha escuchado las campañas que la administración oficialista ha lanzado desde el Conadic, no las olvida. Son amarillistas, generalizantes, estigmatizantes y seguramente no consiguen inhibir el consumo de drogas. Sus spots en radio y televisión enlistan los elementos químicos y venenos que contienen “las drogas” en plural, advierten que el destino de su consumo es la muerte. No distinguen unas de otras, desacreditan con su alarmismo la inteligencia de la audiencia. 

La estigmatización de las personas con problemas asociados con trastornos de salud mental responde en buena medida a la falta de información y educación entre la población. Algunos avances para romperla han tenido que ver con la difusión responsable de lo que significan las enfermedades mentales y donde el amplio uso de medicamentos eficaces han desmitificado la depresión, con lo que el tabú de lo que era en generaciones anteriores se va resquebrajando. Sin embargo, por lo que respecta a la eliminación del estigma que rodea los trastornos por consumo de drogas, la responsabilidad sigue destinándose a las personas adictas y su enfermedad. No ha sido suficiente con que expertos de la academia y en específico de la química cerebral y de la medicina de las adicciones han mostrado consenso de que la adicción es un trastorno complejo del cerebro que tiene componentes conductuales. La gente en general —e incluso muchos de quienes integran el sistema del cuidado de la salud y el sistema judicial— mantienen la idea errónea de que la drogadicción es consecuencia de rasgos de debilidad moral y falta de voluntad en las personas adictas. 

Con la reforma a la ley de salud mental, las campañas estigmatizantes de esta administración tendrán que desaparecer de los medios de comunicación. Esto debido a que exige la sensibilización para reducir el estigma y la discriminación contra personas que padecen adicciones o alguna condición de salud mental. 

Esta reforma se aprobó el 5 de abril con 358 votos a favor y 107 en la Cámara de Diputados que adiciona y deroga algunas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y adicciones, y en la cual se establece que éstas tendrán carácter prioritario dentro de las políticas de salud, mientras que el Estado deberá garantizar el acceso de la población a una atención en la materia. El documento que fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación, señala que aquellos hospitales psiquiátricos que cuenten con adecuadas condiciones en infraestructura y lo organizacional tendrán 180 días naturales para transitar a centros terapéuticos para la atención de la salud mental y adicciones. 

A diferencia de lo que se ha dicho mal informando a la población, no desaparecen los hospitales psiquiátricos, sino que se propone impulsar redes de atención comunitaria. Esto ayudará a mejorar el estigma del hospital para "personas con problemas mentales" y permitirá al personal médico concentrarse en neurodiversidades con tratamientos complicados y problemas de adicción. En consonancia con los derechos humanos se eliminan los internamientos involuntarios, en tanto se considera que el internamiento no es tratamiento. 

Algunos de los cambios clave de esta ley hacen prioritarias a las políticas de salud, conforme a tratados internacionales y en materia de derechos humanos, además de que se plantea un nuevo modelo comunitario de salud mental y adicciones, con un enfoque de atención primaria a la salud. En consecuencia, el Estado deberá garantizar el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y de las adicciones. 

Es de celebrar el hecho de que se elimina el modelo de aislamiento o cualquier práctica que constituya tratos crueles e inhumanos. En contraste, se prevé una reestructuración de la atención psiquiátrica, porque ésta se ofrecerá desde la Atención Primaria de la Salud. 

En papel los avances de esta reforma son muy valiosos, el reto está definitivamente en la necesidad de incrementar drásticamente los presupuestos y la generación de capital humano capacitado y sensibilizado para aplicar esta reforma a cabalidad. 

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