La vinculación a proceso de 13 elementos del Ejército mexicano por el homicidio de las niñas Leidy (11 años) y Alexa (7 años) no es el final del camino; es apenas el inicio de una prueba de fuego para el Estado de derecho en México. El caso, ocurrido en Sinaloa hace 11 meses, es la radiografía del terror que la militarización impone en los caminos del país: una familia yendo a la escuela, un bloqueo y, de pronto, balas oficiales destrozando sus vidas y un silencio institucional que intentó justificar la masacre como un "enfrentamiento".
Hoy, la Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado que un juez federal dicte el auto de vinculación por homicidio calificado bajo la figura de dolo eventual. La resolución judicial es contundente: los militares, con todo su adiestramiento, sabían la alta previsibilidad letal de disparar sin control y sin justificación. Sin embargo, celebrar esta primera victoria jurídica sería prematuro frente al poder fáctico que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejerce sobre nuestras instituciones de justicia.
Platiqué con María Luisa Aguilar, quien es directora del Centro Prodh, organización que acompaña a las familias. Ella es clara al señalar los riesgos inmediatos. El principal obstáculo radicará en que "Sedena se niegue a cooperar con la investigación y a entregar toda la información requerida para una siguiente etapa procesal". Para sostener una sentencia condenatoria, la FGR necesita pruebas robustas, y muchas de esas evidencias están bajo llave en los cuarteles.
Aquí es donde el caso de Leidy y Alexa desviste un problema estructural alarmante. El fuero militar sigue actuando como un hoyo negro de protección. La Sedena ha abierto una investigación paralela sobre estos hechos, lo cual, como advierte la directora del Centro Prodh, es gravísimo, ya que "muchas de las pruebas que utilizan en sus procesos militares son clave para la investigación civil y porque pudieran llegar a determinaciones contrarias que obstaculicen la justicia civil". En México, cuando el Ejército se investiga a sí mismo, el resultado casi siempre es el encubrimiento institucional.
Frente a este escenario, la FGR y el Poder Judicial enfrentan el reto mayúsculo de no doblegarse. En un país donde la bota militar se ha expandido a todas las esferas de la vida pública, el riesgo de que "la FGR o el Poder Judicial sucumban a presiones de Sedena" es permanente, afirma Aguilar. Los jueces y fiscales deben demostrar que su lealtad es con la Constitución y con las víctimas, no con las botas negras que combinan con el verde olivo.
Y hablando de las víctimas, no podemos permitir que Leidy y Alexa se conviertan en otra estadística fría del daño colateral. Sus padres no están buscando venganza, están buscando justicia. Como bien lo señala la representación legal, las familias "recuerdan en todo momento que este caso trata sobre vidas, familias con proyectos de vida destrozados y sobre la necesidad de justicia y cambio en el despliegue de las Fuerzas Armadas". Su papel activo en este proceso es un acto de valentía monumental.
Es urgente que el titular de la FECOR reciba a las familias, escuche su testimonio y garantice que la FGR no retrocederá. Aguilar me cuenta que ya han solicitado la reunión, pero no han obtenido respuesta.
La exigencia es clara: las instituciones civiles deben exigirle a la Sedena que remita la información requerida sin dilaciones.
El homicidio de Leidy y Alexa no fue un "error" provocado por el nerviosismo militar en un contexto de violencia; fue un uso letal, arbitrario e injustificado de la fuerza por parte de elementos entrenados para matar.
La vinculación a proceso es un primer gran avance. Pero si el Poder Judicial y la FGR no están a la altura del desafío de seguir caminando con las víctimas y enjuiciar a estos 13 militares de manera independiente, estarán confirmando que en México, el uniforme verde olivo es sinónimo de impunidad absoluta sin importar quien gobierne. Y por cierto, quedará claro que la reforma judicial no funciona para la gente, para el pueblo del que tanto vive la política actual en nuestro país.
@MaiteAzuela
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