El pasado 3 de diciembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió sus puertas al pueblo. En un gesto que rompe con la inercia, el equipo del Ministro Presidente Hugo Aguilar recibió al colectivo Pena Sin Culpa, el cual está conformado por las víctimas de prisión preventiva oficiosa del Estado mexicano, y por quienes la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en contra de México para que se elimine dicha figura de la Constitución. Sin embargo, la cortesía institucional no basta cuando la libertad está en juego. Ahora, el tribunal enfrenta una de sus pruebas definitivas para demostrar su independencia de los poderes ejecutivo y legislativo.
La reunión no fue un acto protocolario, sino un reclamo de justicia postergada. Daniel García Rodríguez y su defensa plantearon una ruta clara: la reactivación inmediata del expediente de cumplimiento de sentencia internacional 3/2023 y del Amparo Directo 5/2025. Estas son las herramientas jurídicas para acatar, de una vez por todas, la sentencia de la Corte Interamericana que ordena eliminar la prisión preventiva oficiosa.
Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia contra México, el gobierno de López Obrador -a través de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación- respondió que ninguna Corte por mas interamericana que fuera, podía decirle a México qué leyes tener.
Por eso la discusión no puede quedarse en la frialdad de los expedientes o la postura del gobierno mexicano frente al multilaterismo. El abogado del caso, Simón Hernández, ha puesto sobre la mesa la dimensión humana de esta crisis: la Suprema Corte debe tener "la apertura de convocar a audiencias públicas sobre prisión preventiva oficiosa, escuchando la realidad de más de 43 mil personas encarceladas bajo esta medida y de sus familias".
No se trata de cifras abstractas. Son 43 mil vidas en pausa, encarceladas automáticamente sin que un juez haya justificado la necesidad de su cautiverio. Ignorar estas voces sería legislar desde una torre de marfil.
Además, el colectivo ha solicitado formalmente que el Pleno evalúe con objetividad los posibles impedimentos de las ministras Estela Ríos y Yasmín Esquivel. La legitimidad de la decisión final depende de que quienes la tomen no tengan conflictos de interés ni ataduras ideológicas previas. Y las dos ministras han manifestado con anterioridad su postura.
Aquí radica el núcleo del conflicto actual. Como advierte tajantemente Simón Hernández: "El cumplimiento de esta sentencia es la prueba de la independencia para la Suprema Corte. Veremos si decide defender los derechos humanos o la agenda política del gobierno federal".
La "nueva Corte" del ministro Aguilar tiene dos caminos. Puede dilatar el proceso y ceder a la presión de una agenda política que ve en la prisión automática una herramienta de control populista; o puede asumir su rol de tribunal constitucional, hacer valer los argumentos de derechos humanos y restaurar la presunción de inocencia en México.
La sentencia internacional ya existe. Las víctimas ya hablaron. Ahora, todo México observa para ver si su Máximo Tribunal realmente está del lado del pueblo.
¿Por qué eliminar la prisión preventiva oficiosa sería un acto en favor del pueblo? La razón es sencilla y contundente: la mayoría de las 43 mil personas que se encuentran encarceladas bajo esta figura son pobres.
Queda en la Suprema Corte que, desde el poder, se empuje la eliminación de esta figura violatoria de derechos humanos en la constitución. ¿Se atreverá Hugo Aguilar a marcar su administración como presidente en defensa de los derechos humanos?
@MaiteAzuela