La máscara de la lucha anticorrupción

Maite Azuela

La bandera anticorrupción encubre el incumplimiento de obligaciones

Nadie en sus cinco sentidos puede negar que la sensatez y la responsabilidad hacían urgente parar en seco las arraigadas destrezas de desvíos de recursos que acuñaron los anteriores gobiernos a cargo del PAN y del PRI.

La premisa de la narrativa con la que el gobierno federal ha conseguido posicionar la justificación de cualquiera de sus decisiones, está sostenida sobre una consigna de combate a la corrupción que si se revisa a fondo no alcanza más que para discursos elocuentes sin evidencia.

Quedémonos por lo pronto con dos elementos para repasar, primero, la estrategia no ha resultado efectiva en la reducción de las prácticas ilegales de abuso de poder y segundo, la bandera retórica anticorrupción ha sido útil para encubrir el incumplimiento de obligaciones gubernamentales.

Con la promesa de que limpiando la corrupción todo se acomodará, se ha desatado una inoperancia sin precedentes en programas de atención básica en rubros como salud, educación, derechos humanos, mujeres, energía, ciencia y tecnología, entre otros. Todo indica que con el afán de señalar actos de corrupción y en algunos casos, con la intención de detenerlos, no han tenido una estrategia oportuna que les permita cubrir con políticas públicas apegadas a la legalidad los procesos que van dinamitando cuando detectan hay indicios de corrupción.

Aunque parece que esta narrativa todavía es redituable, va a la baja la percepción de honestidad que había alcanzado esta administración con respecto de las anteriores. El informe anual de Latinobarómetro, que se publicó a principios de este mes, señala que 51% de los mexicanos piensa que López Obrador y sus funcionarios están involucrados en actos de corrupción. El gabinete es el segundo grupo sobre el cual hay más sospechas de irregularidades e ilegalidad. El resultado de las percepciones de los mexicanos contradice a López Obrador, que reiteradamente afirma que “ya no hay corrupción” sobre todo en los niveles altos del gobierno. Según el informe de Latinobarómetro, el 17% de los mexicanos dijo haber tenido conocimiento de actos corruptos durante los 12 últimos meses. México se encuentra en el séptimo lugar de América Latina con mayor conocimiento de corrupción.

Una de las instituciones que fue radicalmente transformada por esta administración y en la que buena parte de la ciudadanía tenía altas expectativas, es el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Sin embargo, la salida de Jaime Cárdenas como cabeza del instituto reveló la corrupción que se traduce en proceso de valuación falsa de bienes, mutilación de joyas, contratos que benefician a ciertas empresas y subastas amañadas, por mencionar algunos. Las acusaciones de Cárdenas indican que antes de devolverle al pueblo lo robado, están repartiéndoselo entre los funcionarios del INPDPR.

Con estos referentes, la máscara de la lucha anticorrupción, podría inspirarse en perfiles que le darían una versatilidad muy creativa: Manuel Bartlett, director de la CFE, quien omitió declarar “su imperio inmobiliario” que incluye 23 casas de lujo y 13 empresas; Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, y su terreno regalado por el gobierno de la Ciudad de México, sus seis casas compradas de contado en un periodo de nueve años como funcionaria; Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, y sus denuncias por nepotismo, cohecho, desvío de recursos, extorsión y corrupción; Rocío Nahle, secretaria de Energía, y sus amigos ganadores de contratos en Dos Bocas; Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, y su lujosa casa en París; Pío y Martín López Obrador, hermanos del presidente, y sus videos recibiendo una billetiza de dinero a manos de servidores públicos; Felipa López Obrador, prima del presidente, y sus dos contratos con Pemex por más de 360 millones de pesos.

Para darle a la máscara un toque de magia, está el arte bien afinado de la Fiscalía General de la República, que coincidentemente extravió expedientes de 58 funcionarios públicos que estaban siendo objeto de investigación. No hay sanción alguna contra quienes hicieron perdedizos los expedientes.

La percepción a la baja puede ser una de las primeras acciones para desenmascarar la lucha anticorrupción que más que combatirlos, parece afianzar los lazos de impunidad garantizada.
 

@MaiteAzuela

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