Huachicol, desaparición forzada, impunidad: las sombras de las fuerzas armadas

Maite Azuela

SEDENA y SEMAR se han visto involucradas en torturas, desapariciones forzadas, violaciones y ejecuciones

Esta administración ha superado el proyecto de militarización que inició con Felipe Calderón, siendo fuertemente criticado por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay una explicación racional que nos permita comprender su cambio de opinión. Aunque López Obrador niegue que su política es la militarización del estado, es un hecho que ha sostenido buena parte de sus responsabilidades gubernamentales en las fuerzas armadas.

La idea de que las fuerzas armadas por ser una institución que goza de la buena percepción, en donde 6 de cada 10 mexicanos las considera confiables —de acuerdo con la encuesta de SIMO Consulting para el diario El País— puede estar blindada por la falta de difusión que tienen eventos determinantes en los que integrantes de esta institución vulneran derechos e incluso cometen crímenes de lesa humanidad.

Huachicol. El general brigadier del Estado Mayor, Eduardo León Trauwitz, quien fuera responsable de la seguridad de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Trauwitz fue detenido el 17 de diciembre pasado por autoridades canadienses a solicitud de la Fiscalía General de la República, acusado de ser responsable como el protector del huachicol dentro de Pemex. Se vinculó a proceso a tres cómplices del General Trauwitz; se trata del teniente Oziel Aldana Portugal, los sargentos Ramón Márquez Ledezma y José Carlos Sánchez Echavarría. Interesante ver que teniendo implicados de alto nivel en el huachicoleo, López Obrador echó mano de las mismas fuerzas armadas para combatirlo.

Desaparición forzada. El general Jens Pedro Lohmann Iturburu era director normativo de Administración y Finanzas del ISSSTE. Es señalado por el encubrimiento de un caso de desaparición forzada ocurrida en 2009, que involucra a personal del Ejército. El 30 de noviembre el general fue designado en su nuevo cargo, como titular de los Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex). Una más de las posiciones entregadas por López Obrador a militares, dejando a un lado por completo la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contra México el 28 de noviembre de 2018.

Vínculo con el crimen organizado. El cabo Pedro Alberto Ramírez Rincón, del 88 Batallón de Infantería, reveló que existen vínculos entre miembros del Ejército con grupos de la delincuencia organizada en Michoacán.  Él es uno de los 60 militares retenidos hace dos semanas por un grupo de autodefensas en el municipio de Aquila, al sureste del estado. Acusó irregularidades de los altos mandos de las fuerzas armadas que laboran en la región y que no se atienden las denuncias de la población cuando le alertan de la presencia de criminales. A pesar de estas declaraciones, la presencia del ejército en Michoacán, con la tarea de combatir al crimen, sigue vigente.

Impunidad. Rubén Sandoval, un joven ciclista perdió la vida en febrero de 2020 tras ser atropellado por un camión del ejército en la colonia Santa María la Rivera de la alcaldía Cuauhtémoc. El soldado Néstor Benito conducía el vehículo. A pesar del video que a todas luces muestra la responsabilidad del militar, la Fiscalía General de la República ha postergado la investigación. La fiscalía ha despedido a agentes y peritos civiles aludiendo a temas presupuestales, sin embargo está realizando contrataciones para esos cargos a personal militar.

Desde diciembre de 2006 hasta el 2018, la SEDENA ha estado involucrada en 4,495 enfrentamientos y la SEMAR en 3,983. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió miles de denuncias por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y del 2006 al 2019 emitió 174 recomendaciones que involucran a la SEDENA y/o a la SEMAR en actos de torturas, desapariciones forzadas, violaciones y ejecuciones, entre otros atroces crímenes.

Que la mayoría de la población desconozca estos hechos, hace comprensible la idealización de las fuerzas armadas, pero no exime al Presidente de estar al tanto y de detener la entrega de responsabilidades a individuos de una institución que no responden a los estándares de honestidad y compromiso con los derechos humanos que la labor requiere.

 

@MaiteAzuela

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