“En cuestiones legales, teóricamente, se hizo justicia”, me dice Giovana con esa lucidez dolorosa que solo tienen las sobrevivientes. Y tiene razón. El juez reconoció que la trata y el abuso infantil son delitos de realización oculta, donde casi nunca hay testigos distintos a la víctima y a la victimaria. Al poner en el centro los derechos de las infancias y validar las pruebas, rompió el pacto de impunidad que un juez anterior había insinuado al decir que no le deseaba la cárcel “ni a su peor enemigo”.

El pasado 6 de enero, mientras México celebraba el Día de Reyes, Giovana recibió un “regalo” que tardó años en llegar y que le costó una vida emocional entera conseguir: una sentencia condenatoria contra su propia madre. Para quienes hemos seguido su caso —vendida a los diez años por quien debía protegerla—, la noticia podría leerse como un triunfo rotundo. Sin embargo, basta escucharla después del fallo para entender que, en el sistema judicial mexicano, la victoria legal muchas veces se vive como una derrota emocional. ¿Qué ocurre cuando la justicia llega después de haberte revictimizado una y otra vez?

Giovana sabe que es una excepción estadística y eso, lejos de tranquilizarla, la inquieta. “Solo el 1% denuncia abusos sexuales dentro de la familia. Me enfrenté a ser ese 1%”, confiesa. En México, pertenecer a ese porcentaje no es un privilegio: es atravesar un sistema complejo y profundamente tardado que, en lugar de sanar, disecciona el dolor en audiencias públicas.

María Luisa Aguilar, directora del Centro Prodh, lo explica con claridad: en los casos de trata que ocurren en contextos privados, la denuncia es todavía más difícil para las niñas. La violencia se normaliza, se silencia y se encierra en el espacio que debería ser el más seguro.

Uno de los testimonios más duros de Giovana es su distinción entre castigo y protección. Para ella, la cárcel no es venganza ni revancha moral; es supervivencia. “Para mí la cárcel representa salvaguardar mi integridad, porque sé que ella libre, mi vida está en peligro”, dice. La sentencia funciona como un escudo físico, pero no como un bálsamo espiritual. Nos hemos acostumbrado a la narrativa cinematográfica donde el martillo del juez trae paz inmediata. La historia de Giovana desmonta ese mito. “¿Que este proceso logre sanar o resignificar lo doloroso que fue mi infancia? La respuesta es no. El sistema judicial abrió esas heridas mucho más”.

El 2025 quedará marcado como uno de los años más difíciles de su vida: tuvo que reconstruirse mientras el Estado la obligaba a revivir el horror para creerle. Hoy celebramos que la ley se cumplió y que una tratante no está en las calles. Pero no olvidemos el costo: para llegar a esa sentencia, Giovana tuvo que entregar los últimos fragmentos de tranquilidad que le quedaban.

Cuando pregunto a la directora del Prodh cuáles son los retos del Estado mexicano para garantizar justicia a las víctimas de trata, no duda: entender que existen violencias distintas que requieren respuestas distintas, fiscalías capaces de acompañar y juzgadores dispuestos a escuchar a niñas y adolescentes.

En el caso de Giovana, pareciera que la fiscalía y el juez escucharon, pues hay una sentencia condenatoria. Pero el reto es mayor. Como ella misma lo dice, la cárcel de su madre no es sinónimo de justicia.

La justicia llegó, sí. Pero llegó con las manos sucias de burocracia y dolor. Si queremos que ese 1% crezca y que más víctimas se atrevan a hablar, el sistema debe dejar de ser una máquina que, para darte la razón, primero te destroza el alma.

@MaiteAzuela

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