El gobierno ya tiene su imagen. El encuadre perfecto del “misión cumplida” que todo sexenio ansía para justificar estrategias que no han logrado pacificar al país. El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, se presenta como el cierre de una era de terror. La narrativa es simple: el Estado venció.
Pero mientras la fotografía circula, el país revela otra escena. Más de 250 bloqueos en un solo fin de semana y al menos 20 entidades afectadas. No es el tamaño del enemigo lo que debería escandalizarnos, sino la extensión del territorio donde operó durante años sin ser desmontado. Veinte estados paralizados no son la medida del monstruo; son la medida del vacío institucional que permitió su expansión. 20 entidades con miles de personas asesinadas y desaparecidas por el CJNG.
Celebrar la muerte de un criminal no equivale a impartir justicia. Cuando el Estado abate en lugar de procesar, renuncia a esclarecer. Un juicio expone redes, pactos, financistas, omisiones. Un cuerpo inerte, no. Con él se extingue la posibilidad de conocer los nombres de quienes protegieron, toleraron o facilitaron la construcción de ese imperio criminal.
El Mencho no operó en el vacío. La expansión del CJNG no fue un fenómeno meteorológico. Fue ocupación territorial sostenida por corrupción, omisiones y zonas de protección. Cobro de piso que asfixió economías locales, reclutamiento forzado de jóvenes, desplazamientos silenciosos. Nada de eso ocurre sin complicidades. Y la complicidad también carga víctimas.
Las cifras son inapelables. Guanajuato registró en 2020 un máximo histórico de 4,510 víctimas de homicidio doloso y feminicidio; en los años posteriores la cifra se ha mantenido por encima de las 3 mil anuales. Baja California superó los 3,100 homicidios en sus picos más altos; el Estado de México rozó los 3 mil. A ello se suman Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Guerrero, entre otros. Si acumulamos la violencia letal vinculada a la expansión y disputas de esta organización en la última década, el saldo supera con holgura las 100 mil vidas. Cien mil expedientes inconclusos. Más de 110 mil personas desaparecidas según el Registro Nacional. Cada número es una historia suspendida.
Para una madre buscadora, la muerte del capo no es consuelo. Es una puerta que se cierra. Las fosas no hablan. Los nombres de quienes ordenaron, financiaron o encubrieron tampoco emergen de un operativo letal. La verdad judicial exige tiempo, pruebas, audiencias públicas. Exige Estado de derecho.
El jurista y defensor de derechos humanos Louis Joinet fue claro al establecer los principios contra la impunidad: no puede haber reconciliación sin verdad. La justicia no es venganza; es esclarecimiento. La fortaleza de un Estado no se mide por su capacidad de disparar con precisión, sino por su capacidad de investigar sin excepciones, incluso hacia dentro.
Porque aquí yace la pregunta incómoda: ¿quién permitió que un cártel operara en más de la mitad del país? ¿Quién omitió, quién protegió, quién se benefició? La muerte del líder evita esas respuestas. La foto clausura el proceso antes de que comience.
La historia reciente demuestra que cada capo abatido es sustituido cuando la estructura permanece intacta. Sin desmantelar redes financieras, sin procesar a funcionarios cómplices, sin transparentar responsabilidades, la violencia muta, pero no desaparece. Hoy el gobierno tiene su trofeo visual. Las víctimas siguen esperando justicia. Y mientras la verdad no sea judicializada, la fotografía será solo eso: una imagen conveniente sobre un país que aún no ha decidido enfrentar su propia complicidad.
@MaiteAzuela