La historia diplomática de un país se escribe en los momentos de quiebre. No en los brindis ni en los comunicados pulidos, sino cuando las democracias deben elegir entre el lenguaje del protocolo o el grito que llega desde las calles y desde el exilio. Cuando un régimen ha expulsado a casi ocho millones de personas de su propio país, el silencio no es prudencia: es una forma de tomar partido. Y el silencio del Estado mexicano frente a las víctimas venezolanas es ya una posición política.
Desde el sábado 3 de enero, mientras en Caracas y en distintas capitales del continente se mezclaban el miedo, la incertidumbre y una esperanza cautelosa, la reacción del gobierno mexicano fue inmediata, pero desprovista de empatía. La prioridad no fue el pueblo venezolano, sino condenar la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, atrincherándose en una defensa rígida del derecho internacional, invocado con una pulcritud que contrasta con su aplicación selectiva.
La presidenta Claudia Sheinbaum citó casi de memoria el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas: la obligación de los Estados de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política. El argumento es jurídicamente correcto, pero éticamente insuficiente. Esa integridad territorial que hoy se defiende ha funcionado durante años como una jaula: el espacio desde el cual se ha reprimido, torturado y expulsado a millones. La soberanía, cuando se separa de los derechos humanos, deja de ser principio y se convierte en coartada.
La omisión más grave no está solo en lo que se dijo, sino en lo que no se dijo. El gobierno que insiste en que la soberanía reside en el pueblo no dedicó una sola palabra al pueblo venezolano. En México viven miles de venezolanos que cruzaron selvas, ríos y fronteras huyendo no de una ideología, sino del hambre y de la violencia sistemática. Para ellos no hubo reconocimiento ni mensaje de aliento. Solo hubo una defensa técnica de la figura que los desterró.
La postura se endureció aún más en la OEA. Ahí, el representante mexicano Alejandro Encinas sostuvo que la intervención nunca ha traído democracia ni bienestar y reiteró que la no intervención y la autodeterminación no son negociables. La trampa retórica es evidente: reducir el debate a una abstracción sobre soberanía, borrando deliberadamente a las personas concretas que han sufrido bajo ese Estado soberano.
No se trata de respaldar a Washington ni de justificar sus métodos. Se trata de reconocer una verdad humana elemental: para millones de venezolanos, la caída del principal responsable de su tragedia representa un respiro. Celebrar el fin de la impunidad de un tirano no equivale a aplaudir las formas de su captura; equivale a nombrar el dolor y el alivio de una nación secuestrada.
La diplomacia mexicana se indigna por los procedimientos, pero nunca se indignó por El Helicoide, por las elecciones robadas ni por el éxodo forzado. En esa jerarquía moral se revelan las prioridades del Estado. Cuando las víctimas se vuelven invisibles, la política exterior pierde dignidad. Y un país que no mira a las víctimas termina, inevitablemente, por no reconocerse a sí mismo.
Hay, además, una contradicción que resulta imposible de ignorar. El mismo Estado que ha construido buena parte de su legitimidad política sobre el discurso de los derechos humanos y la justicia histórica elige ahora una neutralidad que no es tal. Porque no intervenir no siempre significa no hacer nada: a veces significa legitimar con el silencio. La diplomacia mexicana no solo omitió una condena explícita a los abusos del régimen venezolano; eligió, conscientemente, no incomodar a un poder autoritario con el que comparte afinidades discursivas. En ese cálculo político, las víctimas vuelven a perder. No aparecen en el comunicado, no figuran en la narrativa, no importan en la ecuación.
@MaiteAzuela