La reciente caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", se ha presumido desde las tribunas oficiales como una victoria definitiva e histórica del Estado sobre el crimen organizado. Sin embargo, el estruendo de los aplausos no logra silenciar una realidad trágica y alarmante que quedó al descubierto este fin de semana: el operativo cobró la vida de 28 elementos de las fuerzas armadas, entre militares y agentes de la Guardia Nacional. Esta masacre institucional no solo representa una pérdida humana irreparable, sino que pone en perspectiva la verdadera naturaleza y los costos de la guerra militarizada en México.
Para entender la magnitud de estas 28 bajas oficiales en un solo evento, es imperativo revisar cómo operan normalmente nuestras corporaciones castrenses frente a los civiles. De acuerdo con el documento técnico Análisis de la propuesta de reforma constitucional sobre las fuerzas armadas, elaborado por las organizaciones Data Cívica e Intersecta, la letalidad militar suele ser abrumadoramente asimétrica y se ha mantenido como una política de Estado ininterrumpida a través de las últimas administraciones.
Los datos históricos son escalofriantes. Durante la mal llamada "guerra contra el narco" de Felipe Calderón, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) registró una tasa de 19.4 civiles fallecidos por cada militar que perdía la vida en un enfrentamiento. Con la llegada de Enrique Peña Nieto, la proporción para el Ejército se ubicó en 12.9 civiles abatidos por cada soldado, pero la Marina (Semar) disparó sus propios indicadores hasta alcanzar un récord de 16.1 civiles muertos por cada marino fallecido.
Lejos de erradicarse, esta tendencia letal continuó con Andrés Manuel López Obrador, donde la Sedena promedió 14.4 civiles muertos por cada baja militar.
En una hipótesis que no es más que eso, con un cálculo del promedio de estos tres últimos sexenios, la proyección matemática y operativa para el gobierno de Claudia Sheinbaum sería sombría: si la estrategia no cambia, podemos esperar que, de manera rutinaria, por cada militar caído en el sexenio, el Estado pueda tener un saldo de al menos 15 civiles abatidos. La evidencia es contundente: el diseño de las fuerzas armadas está hecho para aniquilar, no para detener.
La muerte de 28 uniformados en un solo despliegue es una anomalía estadística brutal que desnuda la perversa apuesta del gobierno mexicano. Acostumbradas a operar con una letalidad desmedida donde habitualmente los civiles ponen los muertos, las corporaciones castrenses rara vez sufren este nivel de bajas. Lo que este operativo demuestra es que, cuando el Estado quiere aniquilar a un capo de alto perfil para colgarse la medalla política, está dispuesto a pagar el precio, asumiendo sin titubeos el altísimo costo de sangre de sus propias tropas. Pero cuando el gobierno simplemente quiere "jugar" a la seguridad pública, desplegando militares en las calles para patrullajes y tareas que no les corresponden, quienes terminan pagando el precio de esa letalidad descontrolada son los ciudadanos.
Y aquí surge la interrogante que el Estado busca evadir: ¿por qué apostar por un operativo de exterminio que cuesta la vida de decenas de agentes y no por una captura táctica e inteligente que permita desmantelar la red de complicidades a través de los tribunales? La respuesta es tan evidente como dolorosa: existe una nula voluntad institucional para investigar y judicializar.
Un capo abatido es un archivo que se cierra para siempre. Gracias al trabajo periodístico reciente de medios como EL UNIVERSAL, hoy sabemos lo que el Estado preferiría mantener oculto bajo los escombros y el humo de la metralla. En la casa de "El Mencho" se encontraron indicios delictivos invaluables, particularmente listas de nómina. En esa "narconómina" quedaron registrados los pagos a sus pistoleros, los sobornos sistemáticos a diversas instituciones de gobierno y hasta las transferencias para pagar los narcocorridos del grupo musical "Los Alegres del Barranco".
Si Oseguera Cervantes hubiera sido capturado con vida y presentado ante la justicia, el proceso judicial habría provocado un sismo en las estructuras del poder. Se habría visto obligado a revelar los nombres de los mandos militares, gobernadores, alcaldes y empresarios que cobraban en su nómina. Habría tenido que explicar cómo se construye un imperio criminal en 20 estados con la ceguera simulada de la autoridad.
Pero en nuestro país, el sistema prefiere los trofeos ensangrentados a la verdad judicial. La estrategia no está diseñada para construir carpetas de investigación sólidas ni para llevar a los cómplices de cuello blanco ante un juez. A las fuerzas armadas lo que les interesa es matar para no investigar. Prefirieron sacrificar a 28 de sus propios elementos en una cacería brutal que enfrentar la incomodidad de un juicio donde el principal acusado terminara siendo el propio Estado mexicano.
@MaiteAzuela