En la mañanera puede decirse misa. Lo cierto es que la salida de Azucena Uresti, de Milenio, difícilmente puede asumirse como una renuncia o una decisión de la televisora sin la presión de Palacio.

Esta semana se han publicado diversas opiniones en los medios de comunicación y redes sociales sobre la salida de Uresti. Algunas opiniones se apegan a lo sucedido y no especulan. No es necesario cuando la censura se materializa, las hipótesis sobran. Sin embargo, hay quienes optan por llevar su reacción a uno de los dos extremos: el primero tiene que ver con la afirmación de que –casi casi– el presidente levantó el teléfono a la familia González (dueña de Milenio) para pedirles la salida de Azucena; el segundo es el planteamiento de que mientras la periodista no denuncie abiertamente la censura, esta no existió. Con ello evidencian su nula experiencia sobre las consecuencias secundarias de la censura. Cuando se ejerce la censura no sólo se expulsa al periodista de alguno de su espacio de expresión, sino que se inhibe de facto la posibilidad de que señale algún responsable, si desea conservar el resto de los espacios.

El diagnóstico sobre la libertad de expresión no puede situarse solamente en supuestos subjetivos. Cinco años de gobierno de López Obrador han arrojado suficiente evidencia sobre ataques a la prensa. Para muestra, una mañanera o decenas de ellas. Y si bien de estos ataques retóricos no puede afirmarse que automáticamente se conviertan en censura, lo que hay que revisar es de qué forma repercuten en las decisiones que toman las y los periodistas, así como los propietarios de los medios de comunicación.

Para ello resulta imprescindible pensar el caso mexicano con respecto a otras experiencias en el mundo. Por ejemplo, el caso Ríos y otros, conocido y resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que versa sobre la responsabilidad del Estado de Venezuela por las restricciones a la libertad de expresión en perjuicio de 20 trabajadores del canal RCTV.

En la sentencia, la Corte IDH refiere sobre los hechos que “al observar la percepción que de ese medio de comunicación han expresado tener autoridades estatales y ciertos sectores de la sociedad, es posible considerar que dichos pronunciamientos de altos funcionarios públicos propiciaron o al menos contribuyeron a acentuar o exacerbar, situaciones de hostilidad, intolerancia o animadversión. El contenido de algunos discursos, por la alta investidura de quienes los pronunciaron y su reiteración, implica una omisión de las autoridades estatales en su deber de prevenir los hechos, pues pudo ser interpretado por individuos y grupos de particulares de forma tal que derivaran en actos de violencia” (párr. 160).

Por otro lado, en el caso de Granier y otros, la Corte Interamericana es más contundente al afirmar que los “funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales […] sus declaraciones no pueden desconocer éstos ni constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión […]” (párr. 195)

¿Suenan familiares estas referencias? Las expresiones del presidente en las mañaneras son, siguiendo el argumento de la Corte Interamericana, una forma de injerencia indirecta a la labor de los medios de comunicación.

En 2012, el Relator de la ONU para libertad de expresión explicó en su informe que también existe la autocensura y que ésta puede ser producto del actuar de las autoridades que amenazan la libertad de expresión.

Azucena Uresti y otros periodistas que son mencionados constantemente en la mañanera realizan su trabajo en un ambiente hostil y violento generado desde la tribuna de Palacio Nacional. La censura no se agota en llamadas directas, en atentados o en asesinatos. En este sexenio se ha demostrado que la presión a los medios de comunicación constituye una forma de censura. Azucena no es la única afectada, también lo es su público que se ha privado de informarse con la periodista y medio que habían elegido todos los días a las 10 de la noche.

Quienes simpatizan con el gobierno, pero nunca han aceptado la restricción de libertades, tienen el compromiso de soltar la polarización discursiva y defender los derechos humanos antes de que sea demasiado tarde.

@MaiteAzuela

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