En México hay grabaciones que retratan una época. No por su estridencia, sino por lo que revelan del poder cuando nadie lo observa. El audio difundido por los periodistas Juan Omar Fierro y Sebastián Barragán en Aristegui Noticias es uno de esos documentos que además de informar, interpelan.
En él se escucha al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar describir con serenidad quirúrgica la operación del llamado “huachicol fiscal” dentro de la propia Secretaría de Marina. No es un rumor ni una sospecha: es una denuncia directa, con nombres y rutas, presentada ante el entonces titular de la institución, el almirante Rafael Ojeda Durán. Según el reportaje, también buscó interlocución con el actual secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, ya en la administración de Claudia Sheinbaum.
Meses después, Guerrero Alcántar fue asesinado a balazos en Manzanillo. Ese es el dato que cambia todo. No hablamos de una filtración anónima. Hablamos de un alto mando que advirtió que la corrupción estaba dentro de casa y terminó muerto. Hablamos de una red presuntamente operada por los hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna, señalados como piezas clave en el tráfico ilegal de combustible en aduanas estratégicas. Y hablamos de un contexto en el que las aduanas y los puertos fueron militarizados bajo la promesa de limpieza y control.
Lo que siguió no fue una investigación ejemplar, sino una sucesión de muertes difíciles de explicar como simples coincidencias.
En septiembre de 2025, el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez fue hallado sin vida en su oficina en Altamira, Tamaulipas. La versión oficial habló de suicidio. Un día después, en Puerto Peñasco, el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga murió en lo que se calificó como “accidente en práctica de tiro”. Ambos tenían vínculos operativos con las aduanas señaladas por irregularidades en el tráfico de combustible.
Antes, en octubre de 2024, en Colima fue asesinada Magali Janette Nava Ramos, auxiliar de la Fiscalía que investigaba precisamente a los Farías Laguna. Y en la Ciudad de México fue ejecutado Carlos Narváez Romero, exfuncionario de Aduanas.
No es una novela negra. Es una línea de tiempo.
Cuando los testigos mueren, la verdad se vuelve más costosa. Y cuando las denuncias llegan al más alto nivel de mando, la responsabilidad deja de ser solo política. En derecho penal existe la figura de la “comisión por omisión”: quien tiene el deber jurídico de impedir un delito y no actúa, pudiendo hacerlo, comparte responsabilidad.
El audio revela conocimiento directo. Y el conocimiento impone deber.
El almirante Ojeda no era un espectador. Era el titular de la Secretaría de Marina. Si bajo su mando operaba una red criminal vinculada al tráfico ilegal de combustibles en aduanas militarizadas, su obligación era desmantelarla y proteger a quien denunció. No hacerlo —si se confirma la inacción— no es una falta administrativa; es una omisión con consecuencias humanas.
La trascendencia del caso no radica solo en el desfalco millonario que implica el huachicol fiscal. Radica en algo más profundo: la posible complicidad o tolerancia de altos mandos frente a estructuras criminales dentro de una institución armada que concentra cada vez más poder económico y territorial.
La presidenta Sheinbaum heredó un sistema aduanero militarizado y opaco. La pregunta no es si el caso es incómodo. La pregunta es si habrá voluntad para investigarlo sin blindajes corporativos. Porque cuando la seguridad nacional se usa como argumento para cerrar expedientes, el mensaje es devastador: la institución se protege a sí misma antes que a la ley.
El contralmirante Guerrero cumplió con su deber. Denunció. Lo que siguió fue el silencio. En un Estado democrático, la lealtad institucional no puede confundirse con encubrimiento. La memoria de los marinos y funcionarios asesinados no se honra con discursos, sino con investigaciones independientes, transparentes y con consecuencias.
Si la verdad termina enterrada junto con quienes la dijeron, el mensaje será inequívoco: en México, denunciar al poder armado sigue siendo una sentencia.Y esa es una condena que ninguna democracia debería aceptar.