El escándalo de los centros penitenciarios privados amerita una revisión profunda de la red de corrupción del sistema penitenciario y su deliberada prevalencia en los últimos tres sexenios.
Como lo anunció la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, los contratos con los que inició el proceso de construcción, mantenimiento y administración de los 8 centros penitenciarios en manos de empresas privadas, han sido opacos y sus costos excesivamente elevados. Es necesario advertir que, si bien su objetivo es revelar la corrupción que se gesta y perpetúa en estos espacios, se espera que este sea el inicio de una cadena de denuncias que no sólo castigue a los responsables de los tejes y manejes de anteriores sexenios, sino que desmantele las redes de corrupción de fondo, de las que la actual administración tendría que distanciarse.
Para ello, es fundamental que enfoquen sus investigaciones en las múltiples decisiones discrecionales que inexplicablemente mantienen a los centros penitenciarios tradicionales como el eje punitivo del Estado, a pesar de sus innumerables debilidades.
El informe de contratos con privados es simplón porque solo muestra las contrataciones sin atender los costos que conlleva: más del 50% es por la construcción, otra parte para servicios tecnológicos y el resto para servicios inmobiliarios y vehículos, además de gastos de lavandería y alimentación.
Coincido con la indignación: García Luna asignó por adjudicación directa un presupuesto de 15 mil millones de pesos anuales, comprometido a 20 años con cargo al erario público. Pero quizá el gobierno de la 4T no ha llegado al fondo, porque puede salirles el tiro por la culata. De acuerdo con personal del órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social OADPRS, estos dos años mantuvieron los contratos con las mismas empresas y el único cambio fue el traslado de centros tradicionales a centros privados para aprovechar lo que se está pagando. En pocas palabras las empresas concesionarias se siguieron beneficiando durante el periodo de Alfonso Durazo. La nueva titular parece mostrar interés en eficientar el gasto. Esperemos que no sea un esfuerzo de austeridad mal entendido. “Lo extraño es que durante estos dos años se mantuvieron los contratos con dichas empresas, se nos presionó para pagar contratos pendientes del gobierno anterior y se llegó a un acuerdo con las mismas para simular que había consumo de alimentos en los centros que no corresponde con el número de internos registrados. Los centros privados estaban subutilizados durante los dos sexenios previos, e incluso que expresamente recibimos instrucciones para no desocupar los tradicionales, a pesar de la saturación y las enormes carencias de seguridad que a todas luces permitían motines y fugas de capos de alto mando”.
¿Por qué Peña Nieto no distribuyó a los internos para disminuir la saturación en los centros penitenciarios públicos? No está de más recordar que el titular del OADPRS, era Paulo Uribe Arriaga, sobrino de Osorio Chong. También me comentan que “con el actual Comisionado José Ángel Ávila Pérez prevaleció esta dinámica, a pesar del traslado de algunos reos a centros penitenciarios privados, pues ha sido bajo coerción para garantizar que sean de grupos criminales afines.”.
Los centros penitenciarios públicos tienen un costo aproximado de 4 mil millones de pesos al año. Si pensamos en servicios esenciales, los gastos suenan relativamente razonables, sin embargo, la compra de medicamentos, mantenimiento y construcción se realiza con mucha discrecionalidad. Todos estos años los han descuidado y ningún centro tradicional tiene sistemas de seguridad eficiente. Coincidentemente el Chapo Guzmán emprendió una de sus múltiples huidas en este contexto.
