México recibirá a millones de aficionados de todo el mundo en poco más de dos meses. Habrá fiesta, orgullo nacional y mucho negocio. Pero detrás del espectáculo que verá el planeta entero, hay una realidad que incomoda y que, sin embargo, no puede seguir ignorándose.
No se trata de alarmismo ni de oponerse al Mundial. Se trata de mirar de frente lo que ya ocurrió en Brasil, Sudáfrica, Qatar y otros países: eventos de esta magnitud traen consigo riesgos documentados. La pregunta no es si aparecerán —porque aparecerán—, sino si México será capaz de reconocerlos a tiempo y actuar en consecuencia.
El gobierno federal y los tres gobiernos locales —Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco— proyectan la llegada de cerca de cinco millones de personas. Ese volumen no solo pone a prueba la infraestructura; expone, sobre todo, a quienes menos herramientas tienen para protegerse. Niñas, niños y adolescentes quedan en el centro de esa vulnerabilidad: en multitudes, el extravío es más probable, los accidentes aumentan y la exposición a violencia, racismo, consumo de alcohol y dinámicas delictivas se intensifica. A ello se suma la saturación de servicios, que limita la capacidad de respuesta ante emergencias y reduce el acceso oportuno a atención médica.
Pero hay un punto que exige una atención inmediata y sin matices: la explotación sexual infantil. La experiencia internacional muestra que la llegada masiva de turistas puede detonar este delito, particularmente en zonas hoteleras, perímetros de estadios y corredores turísticos. La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿cuándo fue la última vez que un hotel exigió comprobar la relación entre un adulto y un niño al momento de hospedarse? ¿Qué protocolos existen para identificar a una víctima de trata en medio de una multitud? La respuesta, en el mejor de los casos, es insuficiente. En el peor, inexistente.
A esta realidad se suma un dato reciente que no puede pasar inadvertido. En la última semana y la anterior se han reportado múltiples desapariciones de niñas y adolescentes en distintas entidades del país, reflejando un patrón persistente de vulnerabilidad que no es aislado ni nuevo. Este contexto no es ajeno a lo que puede intensificarse con la llegada de grandes flujos turísticos: las redes de trata suelen aprovechar momentos de alta movilidad, anonimato y saturación institucional para operar con mayor facilidad. Ignorar este vínculo sería un error. Lo que hoy aparece como noticia fragmentada puede convertirse, en un escenario de mayor presión como el Mundial, en un problema aún más difícil de contener.
México no parte de cero: arrastra una crisis profunda en esta materia. Estados como Quintana Roo, Guerrero y Jalisco han sido señalados internacionalmente como focos de turismo sexual infantil. Las redes de trata operan con niveles alarmantes de impunidad, sostenidas por la desigualdad, la exclusión y una estructura que normaliza lo inadmisible. Las víctimas, muchas veces, ni siquiera son reconocidas como tales. Bajo ese contexto, un evento global no solo visibiliza el problema: lo amplifica.
A esta realidad se suma la debilidad de los controles en el sector de alojamiento. Plataformas de renta a corto plazo y hoteles operan, en muchos casos, sin mecanismos estrictos que obliguen a verificar la tutela legal de menores. Mientras el incentivo principal sea la ocupación y no la protección, y mientras no existan consecuencias claras por omisión o complicidad, el riesgo no disminuirá. Se administrará, en el mejor de los casos; se ignorará, en el peor.
Y, sin embargo, también hay una oportunidad. Otros países han demostrado que es posible actuar. Sudáfrica, en 2010, habilitó espacios de identificación para menores extraviados en estadios y capacitó a más de mil trabajadores sociales. Alemania, en 2006, fortaleció sus sistemas de protección infantil a nivel nacional. No son soluciones perfectas, pero sí señales claras de que el problema puede enfrentarse con decisión.
México tuvo conocimiento desde junio de 2018 de que sería sede de este Mundial. El tiempo no era corto. Hoy, en cambio, se agota. No se han comunicado —si es que existen— políticas obligatorias de salvaguarda, ni mecanismos accesibles de denuncia dirigidos a niñas y niños. Tampoco se ha presentado un protocolo integral de atención con tolerancia cero frente a la explotación y la trata.
El Mundial será una vitrina. La pregunta es qué país queremos mostrar: uno que celebra mientras ignora, o uno que asume la responsabilidad de proteger. Porque lo que está en juego no es la imagen del evento, sino la dignidad de quienes no pueden defenderse solos. Y eso no admite improvisación.
@MaiteAzuela
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