Si el 2024 fue el año de las urnas y la transición histórica para la continuidad de un proyecto de gobierno, el 2025 quedará marcado como el año en que la realidad nos cobró las facturas de la simulación. Hace doce meses, se inauguraba el primer año de la administración de Sheinbaum con la promesa de la continuidad con cambio. Sin embargo, al cierre del calendario, lo que predomina es la continuidad del dolor y un cambio, sí, pero hacia una institucionalidad fracturada.
El suceso que definió la vida pública de este año tuvo lugar el 1 de junio de 2025. A diferencia de lo que podría haberse esperado, no fue una fiesta democrática, sino un experimento de alto riesgo. La primera elección popular de jueces, magistrados y ministros no calmó la sed de justicia de los mexicanos; al contrario, institucionalizó la confusión. Las imágenes de esa jornada —boletas incomprensibles, acarreo apenas disimulado y la renuncia masiva de juristas de carrera— retratan la situación actual de un Poder Judicial que en 2025 perdió su nombre: ya no es Poder, y difícilmente es Judicial. La justicia, durante este año, se transformó en un concurso de popularidad donde el patrocinador más fuerte —sea partido político o poder fáctico— lleva la ventaja.
Mientras en la capital se debatían togas y tómbolas, en el resto del país la sangre continuaba corriendo con la misma inercia macabra.
Sinaloa ha sido quizá la herida más abierta de este 2025. Lo que comenzó a finales de 2024 como una "pugna interna" tras la caída del Mayo Zambada, se transformó este año en una guerra de desgaste que dejó a Culiacán y sus alrededores en un estado de sitio de facto. Septiembre de 2025 será recordado como el "septiembre negro", el mes con mayor desplazamiento forzado en la historia reciente del estado. Las familias rurales no huyeron por pobreza, sino porque sus tierras se convirtieron en trincheras en la batalla entre Chapitos y La Mayiza. La respuesta estatal fue, una vez más, el despliegue de militares que patrullan escombros, pero no previenen incendios. El Secretario de Seguridad Pública, García Harfuch, ha informado sobre varias detenciones, pero estas no han detenido la violencia, aunque sí han incrementado la población carcelaria.
A inicios de diciembre, Animal Político publicó un reportaje sobre el récord histórico de personas privadas de la libertad en México bajo el actual gobierno. Todo apunta a que la estrategia de seguridad de este 2025 ha consistido en detener por detener, más que en buscar soluciones de fondo.
En el sur, el silencio se vuelve aún más ensordecedor. En Chiapas, la frontera ha desaparecido, no por integración, sino por el control criminal. Durante 2025, el desplazamiento de comunidades de la Sierra y la Frontera Comalapa hacia Guatemala dejó de ser anecdótico y se convirtió en una crisis humanitaria permanente. Se vieron pueblos fantasmas donde el único gobierno es el del "cobro de piso". La militarización de la frontera sur, lejos de detener el tráfico de personas, parece haber elevado el precio de la extorsión.
En materia de derechos humanos, el informe sobre la Crisis Forense presentado por la organización I(dh)eas en febrero de 2025 fue un golpe de realidad: más de 72.000 cuerpos sin identificar y un Registro Nacional de Personas Desaparecidas manipulado bajo criterios políticos, en vez de técnicos. Las madres buscadoras no encontraron este año la "puerta abierta" prometida, sino más burocracia y la misma indiferencia de siempre.
El 2025 nos enseñó que no basta con elegir a una mujer presidenta ni con votar por jueces para que la justicia exista. Ojalá que el 2026 que comienza sea, por fin, un año en el que el gobierno federal demuestre que realmente busca un cambio. Hoy es 1° de enero, se vale soñar.
@MaiteAzuela