Un componente central de cualquier democracia es la libertad de expresión, derecho que comprende la libertad que tenemos todas las personas de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, las cuales deben estar fundadas y argumentadas como base del diálogo y debate democrático. Por supuesto que la exposición de posiciones críticas es legítima, acompañada de las razones por las cuales se juzga de esa forma.
El espacio que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha utilizado desde el inicio de su gobierno para difundir las acciones que impulsa, representa una vía que no siempre cumple con esta idea de la libertad de expresión. Por el contrario, con mucha frecuencia el Presidente da a conocer su postura sobre diversos temas, descalificando y sin dar a conocer las razones en las que sustenta sus juicios. En ese sentido, el miércoles pasado se refirió a la pérdida de la función social de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En este país la educación media superior y superior pública se ha convertido en una de las principales vías de igualación de muchas de las condiciones de desigualdad que caracterizan a nuestra sociedad. Sin importar las clases sociales, estatus económico, país de origen o ideologías y posturas políticas, cada año la UNAM abre sus puertas a más de 350,000 estudiantes para que cursen estudios de nivel medio superior y superior. Transitar por la Universidad nos confirma la inclusión que produce acercando por igual a todas y todos sus estudiantes a actividades educativas en primera instancia, pero también de difusión y extensión de la cultura. Esta inclusión para todas y todos la hace un espacio democrático y democratizador por excelencia.
Si entendemos a la desigualdad como impedimento para el acceso a ciertos derechos (al trabajo, a un salario digno, por ejemplo), debe pensarse el papel clave que juega la educación para combatirla. Para buena parte de sus estudiantes, el acceso a la Universidad Nacional ha supuesto ser la primera generación en su historia familiar en contar con estudios profesionales. Tener una carrera universitaria permite acceder a oportunidades laborales que sin duda no se tendrían sin aquella, incidiendo así en la movilidad social. De esta forma, la educación universitaria se convierte en una palanca para el acceso a mejores condiciones sociales y de vida.
Durante el ciclo 2019-2020, 35,694 estudiantes de bachillerato y 31,509 de licenciatura egresaron de la UNAM, lo que los colocó en una condición diferente para poder acceder al empleo formal y a la seguridad social.
Para ilustrar la enorme relevancia institucional de la UNAM, pongo un ejemplo que me es cercano, de las decenas que se podrán enumerar: la Universidad Nacional es la única institución de educación superior del país que cuenta con un espacio académico dedicado al estudio del sistema regional de protección de los derechos humanos. El “Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, con sede en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, desde su creación en 2015, sistematiza, analiza y difunde las decisiones que toman la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, especialmente sobre temáticas que son relevantes para México (desaparición forzada, uso legítimo de la fuerza por parte de agentes estatales, violencia de género, seguridad ciudadana, situación de las personas privadas de la libertad, pobreza y derechos humanos, Covid-19 y obligaciones de los Estados, entre otras) e impulsa iniciativas de formación en materia de derechos humanos.
El fundamento de su labor es que las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano son un referente obligado para todas las personas (para el conocimiento de sus derechos, su contenido y alcance y las obligaciones que tiene el Estado respecto de ellos) y especialmente para funcionarios públicos y legisladores, en tanto en ellas se establece el marco de actuación de todas las autoridades conforme a los tratados de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano.
¿No tiene esta iniciativa universitaria una lógica de incidencia en la realidad social de este país? Por supuesto que sí, diría incluso que es su razón de ser. En un contexto de grave crisis de derechos humanos que, por cierto, no ha disminuido e inclusive ha empeorado en los últimos tres años, analizar, sistematizar y difundir las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos busca acercar herramientas para la prevención de violaciones a esos derechos, para diseñar marcos legislativos y políticas públicas conforme a los estándares en la materia y, en suma, para avanzar en la garantía y vigencia de los derechos humanos en México.
Si se le preguntara a cada universitaria o universitario, estudiante o académico, en qué incide la actividad que desarrolla en la agenda social nacional, creo que, como yo, cada una(o) tendríamos muchas cuestiones por señalar.
En la Universidad Nacional se nos enseña que la libertad de pensamiento y expresión pasa por la argumentación y motivación de las ideas. Lo invito, señor Presidente, a seguir esta práctica y a ejercitar ese derecho en esos términos, permitiendo un debate verdaderamente democrático.
Coordinadora del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM