En el plazo de tan solo un año, la doctora Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, nos instruyó a realizar una reconfiguración institucional y regulatoria de la energía. Vasta y profunda, esa tarea devolvió al Estado la conducción del desarrollo energético, fortaleció a las empresas públicas, estableció una planeación vinculante y trazó una ruta transparente para acelerar la transición energética.
Fue un cambio constitucional, legal y reglamentario para pasar a la ejecución de planes y proyectos que fortalecen la soberanía y la seguridad energéticas con inversiones públicas y privadas. Así, el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional ya concreta proyectos en generación, transmisión y distribución.
Este año inició el desarrollo de la central eléctrica Francisco Pérez Ríos II, en Hidalgo, la primera de esta administración, y en 2026 comenzará la construcción de las plantas Salamanca II, Altamira y Mazatlán, que aportarán cerca de 3,000 MW con una inversión superior a 80 mil millones de pesos.
El Plan contempla la participación privada para agregar 7,000 MW de capacidad renovable a 2030 y aportar hasta 46% de la electricidad del país. En este marco, la SENER dio un paso decisivo con la Convocatoria para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación e interconexión eléctrica, que acelera el desarrollo de proyectos solares y eólicos en las regiones que más lo necesitan.
Este proceso innovador permitió revisar y aprobar nuevos proyectos de generación eléctrica mediante una coordinación interinstitucional que redujo de ocho a dos meses y medio el tiempo promedio para la obtención del permiso, a través de una Ventanilla Única de Proyectos de Energía.
Los resultados obtenidos reflejan la confianza en el país. Se recibieron 98 solicitudes, de las cuales fueron aceptados 20 proyectos por contar con firmeza técnica, financiera y económica, a través de una evaluación minuciosa por parte del Grupo de Análisis Técnico y la CNE, con base en criterios de confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional.
En los casos en los que dos o más propuestas rebasaron la capacidad requerida, se consideraron criterios de elegibilidad, privilegiando aquellas que destinaron un monto más alto al Plan de Gestión Social y mayor compromiso con la innovación y el desarrollo tecnológico.
Estos proyectos aportarán 3,320 MW de capacidad de generación y 1,488 MW de almacenamiento, equivalentes a 56% de la capacidad total ofertada, con una inversión cercana a los 90 mil millones de pesos.
México entra en una etapa determinante: de la planeación pasamos a la materialización de proyectos y a la edificación de infraestructura para un sistema eléctrico moderno e incluyente. Nunca más crecimiento sin desarrollo; nunca más bonanza para unos y pobreza para otros.
Nuestro país sigue una hoja de ruta inequívoca: la lógica azarosa del mercado fue sustituida por la planeación del Estado para ordenar la expansión del sector conforme a las necesidades de la economía, del país y de su gente. La convocatoria eléctrica es el primer gran paso que demuestra la viabilidad del nuevo modelo energético para el desarrollo y la justicia social.