Esta semana concluyó la aprobación de la reforma en materia de subcontratación por parte del Senado de la República, un esfuerzo colectivo, amplio e intenso, cuyo objetivo es acabar con la enorme simulación alrededor de una figura que se dejó crecer durante años, afectando derechos históricamente conquistados por los trabajadores, dañando también a los institutos de seguridad social; a la hacienda pública y permitiendo una competencia desleal en contra de empresas cumplidoras.
Desde el inicio de esta administración, se implementaron una serie de operativos coordinados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en conjunto con el IMSS, el SAT, la Procuraduría Fiscal, el Infonavit y la UIF. Dichos operativos pusieron en evidencia, el modus operandi: empresas fantasma que se creaban y desaparecían en aras de evadir responsabilidades frente a los trabajadores; contratos firmados cada dos o tres meses para evitar antigüedad y estabilidad en el empleo; subregistros en el IMSS en donde los trabajadores son inscritos con el salario mínimo, sin que sea su ingreso real; omisión en el reparto de utilidades, entre muchos otros. Esta experiencia, permitió dimensionar la gravedad de la problemática y dar claridad a la necesidad de una reforma integral.
En noviembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa a partir de la cual se generó un intenso diálogo entre el sector patronal y obrero, el Gobierno, la academia y otros sectores de la sociedad, que concluyó con un acuerdo histórico en Palacio Nacional. A partir de ahí, los legisladores iniciaron la discusión sobre el tema que culminó este martes con la aprobación casi unánime de los senadores.
La iniciativa prohíbe el suministro de personal, es decir, la posibilidad de transferir o poner a disposición trabajadores propios en beneficio de otra empresa; por lo tanto, las empresas que actualmente se encuentren en este supuesto deberán registrar como trabajadores propios a todos aquellos que realicen actividades relacionadas con su objeto social o actividad económica preponderante.
Se permitirá la subcontratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, siempre y cuando, estén registrados ante la STPS, acreditando que cumplen con sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Las sanciones, en materia laboral y fiscal se endurecen para casos de incumplimiento.
De acuerdo con el decreto aprobado, para el mes de agosto estarán operando en nuestro país las nuevas reglas en materia de subcontratación e iniciará una nueva etapa de reivindicación en favor del trabajo digno.
