No es por intrigar pero Livia Brito no logró detener su desprestigio ni su falta de solidaridad con la prensa mexicana, ni siquiera con todos los amparos legales a los que acudió. La verdad es un imponderable que siempre termina por ser del dominio público. Finalmente, el pasado 6 de febrero fue vinculada a proceso por falsedad de declaraciones.
Esto obligará a la actriz cubana a indemnizar al fotógrafo Ernesto Zepeda con una cantidad aproximada de un millón doscientos mil pesos, seis años después del incidente que los llevó a los juzgados. Además, deberá pagar una cuantiosa multa o enfrentar pena de prisión por haber mentido durante el proceso indagatorio.
El altercado ocurrido en una playa pública de Cancún en junio de 2020 terminó convirtiéndose en un prolongado conflicto legal con múltiples aristas civiles y penales, así como debates sobre la libertad de prensa, la privacidad y la responsabilidad de las figuras públicas frente a reporteros y paparazzi. Aquel día, el fotógrafo de espectáculos Ernesto Zepeda realizaba trabajo periodístico cuando tomó fotografías de la actriz Livia Brito y su entonces pareja, Mariano Martínez. Brito y Martínez lo agredieron físicamente, le provocaron una lesión en el rostro y le arrebataron su cámara y equipo de trabajo.
Brito sostuvo que la situación representaba una invasión a su privacidad. Tras los hechos, el reportero gráfico presentó una demanda por daño moral, lesiones y pérdida de equipo profesional. Brito, por su parte, negó las agresiones y sostuvo que su derecho a la privacidad había sido vulnerado por la presencia del fotógrafo.
Ahí comenzó la cadena de falsedades e intrigas. Livia primero negó haber estado en el lugar de los hechos y mucho menos con el señor Martínez, de quien después se supo que era casado y presuntamente estaba siendo descubierto en una infidelidad. Brito acudió a instancias gubernamentales para amedrentar a Zepeda y durante todo el proceso se autonombró como la víctima. Incluso llegó al extremo de promover una iniciativa de ley para “proteger la privacidad de las estrellas”, la cual fue desestimada.
Luego de años de litigio, un juzgado civil de la Ciudad de México dictó en marzo de 2023 una sentencia favorable a Ernesto Zepeda, ordenando a Brito y a Martínez pagar una indemnización por daño moral. La actriz impugnó la decisión ante instancias superiores.
El conflicto, que hasta ese momento se concentraba en la vía civil, abrió un nuevo frente. En 2024, Zepeda y su abogada, Ángela Frías, presentaron una denuncia penal al argumentar que Brito había mentido durante su declaración inicial ante las autoridades, negando la agresión pese a las evidencias existentes. Esto dio origen a una investigación por falsedad de declaraciones en su contra.
El capítulo más sonado llegó en junio de 2025, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el recurso de revisión promovido por Brito y confirmó la sentencia que la obliga a pagar una indemnización a Ernesto Zepeda por daño moral y lesiones derivadas del altercado de 2020. Con ello, quedó cerrada definitivamente la vía civil del caso.
Brito argumentó públicamente que su lucha jurídica buscaba definir los límites entre el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, en especial frente al trabajo de la prensa y los fotoperiodistas. Sin embargo, su relación con los medios es deficiente y su imagen pública se encuentra severamente dañada. Los ratings de sus proyectos recientes así lo reflejan.
En un giro relevante, nuevas actuaciones judiciales ocurrieron antier. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó que existen elementos suficientes para que el proceso penal por falsedad de declaraciones en contra de Livia Brito continúe, revocando un auto previo de no vinculación. Con esta resolución, Brito y su entonces pareja quedaron formalmente vinculados a proceso por haber negado la agresión física contra Zepeda en las etapas iniciales del conflicto.
Como parte del procedimiento se impusieron medidas cautelares que incluyen la presentación periódica ante un juez y posibles restricciones para salir del país. También se fijó una audiencia intermedia para dar seguimiento al caso.
Es importante recalcar que, dentro del marco legal, las playas son espacios públicos, incluso en zonas turísticas. Las figuras públicas tienen un umbral de privacidad reducido cuando se encuentran en lugares abiertos. La toma de fotografías no constituye delito ni agresión mientras no implique acoso sistemático, persecución o violación directa a la intimidad, como la obtención de imágenes íntimas o en contextos privados. Este criterio fue clave para desestimar el argumento de invasión de privacidad como justificación de la agresión. La violencia nunca es una respuesta legal. Ningún derecho puede hacerse valer mediante la fuerza.
El conflicto Zepeda–Brito ya no es solo una disputa personal: es un precedente judicial que redefine el equilibrio entre privacidad, prensa y responsabilidad legal en México. La resolución de la Suprema Corte y la reapertura del frente penal envían un mensaje contundente: los excesos, incluso en defensa de derechos legítimos, tienen consecuencias.
Para cerrar, van aquí algunas notas cortas. El lamentable caso de Imelda Tuñón se ha convertido en una guerra de poder y falsedades. A la madre del pequeño José Julián, de ocho años, no la acompaña la coherencia. Sus versiones de los hechos cambian a la misma velocidad con la que se desmienten. En su afán por culpar a terceros de situaciones irreversibles, ha perdido de vista lo verdaderamente trascendental. Ser madre no es victimizarse, chantajear ni manipular. Es educar, no alienar a un menor. No son los rumores ni la opinión pública los que la incapacitan para formar a un niño, sino su inconsistencia psicológica, su evidente descontrol y su vulnerabilidad de carácter. La utilizan para atacar con intereses ajenos y malsanos sin que ella siquiera lo perciba. La única y verdadera víctima es el niño. Ese sí es un llamado a las autoridades, que han sido ineficientes al dejarlo a cargo de alguien volátil e incapaz de criarlo.
También está en tela de juicio la promoción del evento Ring Royale, una serie de peleas de exhibición que se celebrarán en Monterrey el próximo 15 de marzo. En el cartel aparecen Wendy Guevara, Marcela Mistral, Karely Ruiz, Aldo de Nigris, Abelito, Nicola Porcella y varios influencers más. La inversión se presume millonaria frente a una venta de boletos floja y lenta. Para empujar la taquilla se inventan renuncias, pleitos familiares y supuestos conflictos de salud, pero ni así repunta el interés. Pronto se verán los resultados: triunfo o fracaso, porque no hay punto medio.
PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA: ¿Cantante a quien ya no le contesta el teléfono Iván Aguilera (heredero universal de Juan Gabriel)?
RESPUESTA: Aida Cuevas.
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