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11/10/2019
04:36
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El resultado de la investigación en torno a la trama rusa dejó una enorme frustración entre los representantes demócratas. Esperaban del reporte de Robert Müller evidencia suficiente para iniciar un juicio político que llevase a la destitución del presidente y eso nunca sucedió. La líder del Congreso, Nancy Pelosi, no sintió el caso con suficiente fuerza para llegar con contundencia al senado, instancia responsable de esta decisión y actualmente con mayoría republicana.

La que quizás se conozca en el futuro como la llamada suicida del presidente Trump del pasado 25 de julio, cambió drásticamente la situación. Horas después de publicada la transcripción de la comunicación telefónica Trump- Zelensky (presidente de Ucrania) por la Casa Blanca, la señora Pelosi dio el primer paso para iniciar el proceso de juicio político en contra del presidente. Sin necesidad de interpretaciones, el documento contiene suficiente evidencia de la comisión de una falta grave que, a los ojos de las leyes de EUA, puede resultar suficiente para provocar la destitución del actual presidente.

No deja de sorprender la enorme torpeza en la reacción del presidente y de su equipo frente a la embestida de la señora Pelosi. Al publicar la Casa Blanca la transcripción oficial de la llamada, no obstante haberle sustraído dos párrafos, despeja cualquier duda sobre la veracidad del hecho. Segunda, y más grave aún, la transcripción, incluso mutilada, contiene suficiente evidencia para incriminar al presidente. Para completar el cuadro, Rudy Giuliani, abogado de Trump, al día siguiente acepta en CNN, en cadena nacional, haber solicitado a Ucrania investigar a Joe Biden.

No menos de llamar la atención es la actuación de Michael Atkinson, Inspector General para la Comunidad de Inteligencia, quien llevó el caso al Congreso y del Director Interino de la Dirección de Inteligencia Nacional, Joseph Maguire, quien defendió públicamente la actuación del informante anónimo, por estar perfectamente apegada a un procedimiento legal. Lo que más llama la atención es que ambos cargos dependen del presidente. Sin embargo, las leyes estadounidenses contemplan, en casos graves, que incluso los funcionarios denuncien situaciones al interior del gobierno que consideran ponen en riesgo a su país y sus instituciones, por encima de las lealtades partidistas y personales. ¿En cuántos países hemos visto esto?

La lista de desfiguros, despropósitos e improperios del presidente Trump, en casi tres años de gobierno, es interminable. Y también lo es la de los adversarios, enemigos y detractores que ha hecho en el camino y que esperaban una oportunidad como esta para ir con todo. No es un hecho aislado, pero sí el que contiene los suficientes elementos para que el andamiaje legal actúe en contra del presidente, algo que sí hace diferencia en un país donde las leyes, en los momentos críticos, se respetan y se aplican hasta la cima. En dos casos anteriores que se inició el juicio político el proceso no llegó a la destitución formal; Andrew Johnson (1868) y William Clinton (1999), fueron absueltos. Richard Nixon renunció (1974) antes de llegar al final del juicio político. Muy probable que el actual presidente, si fuera el caso, siga los pasos de Nixon.

Nadie sabe para quien trabaja. La ratificación del T-MEC, principal preocupación del actual gobierno de México - y quizás la única en su relación con el mundo-, ahora resulta altamente probable pues en el actual contexto de poco le servirá esta victoria al presidente Trump mientras que a los demócratas los hará quedar bien, en su país y con sus vecinos. ¿De qué habrá servido la pleitesía y aquiescencia del gobierno de México a las exigencias y amenazas del presidente Trump si este cae? ¿Le refrendarán sus votos de amor y paz al actual vicepresidente, sin importar las consecuencias para México?

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Luis Herrera-Lasso
Director del Grupo COPPAN. Anteriormente fue Director de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional (ESISEN) del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).