Regulación de la libertad de expresión

Luis Herrera Lasso M.

Ricardo Monreal anunció recientemente que ya tiene lista la iniciativa para regular las plataformas por donde transitan la mayor parte de las redes sociales. Esto implicaría cambios en la Ley General de Telecomunicaciones que facultarían a los órganos del gobierno federal a regular las actividades de plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, entre otras.

Desde finales del siglo pasado, algunos países encabezados por China y Rusia llevaron a la Organización Internacional de Telecomunicaciones propuestas para regular las actividades de estas plataformas para permitir la injerencia del Estado en sus dinámicas y contenidos. Estas iniciativas no han prosperado por la falta de apoyo de la mayor parte de los gobiernos que no ven con buenos ojos dejar en manos del Estado el delicado tema de las redes sociales.

El senador Monreal se ha tomado la molestia de publicar una serie de artículos a favor de su propuesta. Argumenta que, principalmente en Europa, los gobiernos han tomado medidas para restringir la entrada y salida de mensajes de odio en referencia a corrientes o tendencias que, por razones de discriminación étnica, religiosa, de origen nacional o de preferencias sexuales, utilizan las redes para realizar sus ataques. Curioso, les da la razón, pues señala que es el mismo caso de los mensajes de odio en contra del presidente de México, cuando lo que se censura en Europa son los ataques a las minorías, no a personas y mucho menos a los políticos.

En 2020 el presidente de México y su esposa hicieron referencia a quienes usan las redes para lo que ellos consideran insultos y agravios en su contra. Y han señalado que esto no debería permitirse. En enero 6, cuando tuvo lugar el asalto del capitolio por parte de supremacistas estadounidenses, las plataformas bloquearon los mensajes de instigación a la rebelión del presidente Trump. López Obrador reaccionó de inmediato al considerar que no tenían ningún derecho a bloquear la libertad de expresión del presidente. Desde ese momento metió el tema en su agenda y a los pocos días apareció la iniciativa del senador Monreal.

Al parecer López Obrador no ha entendido que al momento de ser presidente deja de ser un ciudadano común, al tener derechos y obligaciones que nadie más tiene. Se queja de que el INE le marque extrañamientos sobre sus expresiones político-electorales en las mañaneras.
Argumenta que esto va en contra de su libertad de expresión, derecho inalienable de cualquier ser humano. Monreal por su parte argumenta que son los legisladores los responsables de poner los límites a la libre expresión. Los legisladores son quienes pusieron límites a la actuación del presidente, que ahora el titular del ejecutivo pretende ignorar. De entrada, aparece una contradicción en el equipo entre quien busca aplicar mayores restricciones a la libertad de expresión y quien pretende pasar sobre ellas.

Dice Monreal que la autorregulación es insuficiente porque al final las decisiones se toman con criterios subjetivos. ¿Hay de otros? Como en el Estado, todas las organizaciones funcionan con normas, regulaciones y criterios que son aprobados por sus consejos directivos o de administración, que hacen las funciones de legislativo y cuentan con órganos de auditoria y contraloría, para asegurar que se cumplan. Al final no hay mayor diferencia entre el establecimiento y cumplimiento de las reglas, salvo que unas aplican a la cosa pública y otros al quehacer privado. Los criterios de quienes las elaboran son igualmente subjetivos.

En uno de sus artículos recurre Monreal a la mitología hebrea, a partir de una historia en la que se enfrentan el poder público y los poderes fácticos. En esa historia llega una deidad superior a poner el orden. ¿Insinúa que el gobierno de la 4T está por encima de unos y otros, que sus criterios son superiores, universales e infalibles?

Hasta ahora no he sabido de ningún movimiento, manifestación o denuncia generalizada de los muchos millones de usuarios de las redes sociales en contra de las plataformas en mención por coartar la libertad de expresión. ¿Cuáles son las quejas a las que responde esta iniciativa? ¿De presidentes a quienes incomodan las críticas y son renuentes a cumplir sus propias leyes?

Un último argumento que no resulta despreciable. El pago de derechos por el uso del espacio virtual sobre su territorio. Legislar para controlar tendría entonces recursos fiscales adicionales. También lo menciona Monreal.

El actual gobierno ha sido particularmente proclive a desmantelar el andamiaje institucional. ¿Quién será el responsable de hacer cumplir las nuevas disposiciones en esta materia? ¿El Ejército o los siervos de la nación? Por donde se vea esta iniciativa es un despropósito con fines políticos que sólo beneficiaría a sus promotores. Qué preocupante.


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Febrero 5, 2021
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