Donald Trump y Vladimir Putin se parecen en varias cosas. Una de ellas subestimar la duración de una guerra iniciada por ellos, una de elección, contra un país de tamaño medio. Putin pensó que llegaría triunfante a Kiev en una semana o menos; Trump que podría abandonar el golfo Pérsico una vez el régimen iraní derrotado y, quizá, reemplazado. Pero Ucrania no es Crimea, ni Teherán Caracas. Queda cada vez más claro que el conflicto de Trump durará más de lo que quisiera, aunque quizá no tanto como el de Putin.
A diferencia de Estados Unidos, la población rusa tiene una mucha más alta tolerancia al sacrificio y muchas menos vías para expresar su descontento. Para el presidente Trump un conflicto prolongado puede tener un costo político catastrófico en un año de elecciones intermedias, por ello la urgencia de que fuere expedito. En las circunstancias actuales, enfrenta una disyuntiva poco apetecible: declarar victoria sin tenerla y abandonar el golfo, o seguir escalando y posicionar suficientes recursos para asegurar el tránsito por el estrecho de Ormuz. Ambas son costosas, pero la primera más por sus consecuencias estratégicas una vez en la condición actual. La posibilidad de un acuerdo con el gobierno iraní se antoja baja. Por el contrario, éste tiene un incentivo de alargamiento para mejorar su posición estratégica al infligir costo político.
El reto para Irán consistirá en que el estrecho de Ormuz siga abierto para sus propias exportaciones, pero no para otras y que Estados Unidos no opte por cerrarlo por completo con el fin de estrangularlo económicamente. Esta última opción tendría un alto costo político en Washington, pero debilitaría a Irán profundamente, aunque el precio del petróleo subiría a las nubes.
En cualquier caso, es probable que el precio internacional del petróleo permanezca alto los próximos meses. Como no habrá pronta resolución, tendrá un efecto negativo en el crecimiento de Estados Unidos; así ha sucedido en conflictos anteriores.
Para México, los mecanismos de transmisión a la economía serían tres: el precio internacional del petróleo, el cual aún juega un papel en las finanzas públicas; el crecimiento del producto interno bruto (PIB) impactado por un empeoramiento de los términos de intercambio y un menor crecimiento en Estados Unidos; y la subida en la tasa de interés de mercado de los bonos del gobierno mexicano para financiar el déficit público.
Se puede estimar el impacto del conflicto sobre la economía mexicana y las finanzas públicas, con base en sensibilidades macroeconómicas contempladas en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 2026.
Esa matriz de sensibilidades permite modificar los supuestos originales y sustituirlos con valores producto del conflicto, para tener un efecto aproximado sobre ingresos tributarios, petroleros y costo financiero, según la sensibilidad asociada a cada variable. El efecto agregado permite obtener un cambio estimado en los requerimientos financieros del sector público (RFSP).
Si el precio promedio para 2026 de la mezcla mexicana de petróleo subiere a 80 dólares por barril y el PIB creciere 1.4% (y no 2.3 como pronostica SHCP), el tipo de cambio promedio sea 20.5 pesos por dólar y la tasa de interés cierre 7%, se tendrían los siguientes efectos en los RFSP:
El cuadro anterior muestra una reducción potencial del déficit total del gobierno de 4.1% a 3.1% del PIB, siempre y cuando permita que el precio de la gasolina suba y mantenga el mismo nivel de gasto que el previsto en el presupuesto de egresos de la federación (PEF). La reducción del déficit se explicaría por el importante incremento en ingresos petroleros del gobierno (291.2 miles de millones de pesos adicionales), superiores a la caída en la recaudación por un menor crecimiento del PIB. La devaluación del peso también favorece las finanzas públicas en términos netos ya que los ingresos petroleros crecerían (49.8 miles de millones de pesos) por encima del mayor costo del servicio de la deuda (34.4 miles de millones de pesos). Ahora bien, si el gobierno optara por disminuir el IEPS a la gasolina para no impactar precios, necesitaría gastar 165.5 miles de millones de pesos, por lo que el déficit se reduciría sólo a 3.5% del PIB.
Si el conflicto se complicare y el estrecho de Ormuz permaneciere cerrado más tiempo, el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo y el impacto en el crecimiento serían mayores. Si su promedio para 2026 fuere de 100 dólares por barril, y la economía tuviere un crecimiento nulo, el impacto sería el siguiente (suponiendo un tipo de cambio promedio de 20.5 y tasa de interés de cierre en 8%):
En este caso más dramático, la mejora en finanzas públicas sería mayor por ingresos petroleros extraordinarios de 523.2 miles de millones de pesos que más que compensan la caída en ingresos por la menor actividad económica. El déficit público total podría bajar a 2.4% del PIB, siempre y cuando no se reduzca el IEPS a la gasolina (hasta hacerlo negativo si fuere necesario) y no crezca el gasto público por arriba de lo aprobado en el PEF.
Los cuadros anteriores muestran que la guerra con Irán tiene un efecto positivo para las finanzas del gobierno, pero negativo para la economía mexicana y los mexicanos: menor crecimiento, mayores precios de gasolina o, en su defecto, subsidios para que no suba, encarecimiento de las importaciones de hidrocarburos, e incertidumbre.
Como es claro, el impacto dependerá de la duración. Una política económica responsable supondría que será más larga de lo que desea Trump y que acabará teniendo un impacto negativo en el crecimiento y en las tasas de interés de mercado. El bono del gobierno mexicano a diez años ya ha tenido un alza significativa en los últimos días y se cotiza en 9.35%, por arriba del 8.75 previo al inicio del conflicto.
Para enfrentar los efectos negativos el gobierno debe poner el acento en mejorar la competitividad y atractivo de la economía para nueva inversión, invitar mucha mayor inversión privada en hidrocarburos y ceñirse al mandato del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: utilizar los ingresos extraordinarios del petróleo para cubrir incrementos en gasto no programable en participaciones, costo del servicio de la deuda y amortización de deuda. Si hubiese sobrantes, para los fondos soberanos. Sería importante evitar la tentación de dedicar recursos incrementales a Pemex o al gasto público por arriba del autorizado bajo la perspectiva de que hay mayor espacio de endeudamiento.
Un conflicto prolongado complicará las finanzas públicas no sólo de Estados Unidos, sino también las japonesas y las europeas. El efecto sobre las tasas de interés de todos los bonos soberanos debe seguirse con detenimiento.
X: @eledece