El inminente 2026 será decisivo para el comportamiento económico durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su primer año fue utilizado para la implementación del Plan C del expresidente López Obrador sacrificando las bases para el crecimiento. Lo que no se siembre en el segundo ya no será cosechado en su mandato. La agenda más importante radica en la importancia de no sólo frenar la caída en la inversión, sino en revertirla.
Por su naturaleza, la inversión es caprichosa y depende de condiciones objetivas, pero también de si el ambiente es propicio, de la confianza que se gana con mucho esfuerzo, pero se pierde con facilidad.
Un importante factor es el proceso de revisión del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) y el acceso preferencial de que se goce. Pero más lo es la actitud del gobierno mexicano. Durante 2025, Donald Trump modificó radicalmente la política arancelaria y violó sus compromisos comerciales con todos los países. México y Canadá terminan el año con una posición arancelaria mejor que el resto, pero peor respecto a la que gozaban en 2024, discriminatoria frente a la de los productores estadounidenses e incierta sobre su trayectoria futura.
El T-MEC compromete una revisión en 2026 para la elaboración de un reporte conjunto por medio del cual las tres Partes evalúen su funcionamiento y opten por extenderlo diez años o llevar a cabo una revisión adicional en 2027 en que el mismo proceso se repetiría.
Se pueden identificar tres posibles resultados en la relación comercial de América del Norte en 2026:
El primero y menos probable, una modificación sustancial del T-MEC para revertir la apertura acordada o tener tres bilaterales en lugar de uno trilateral, o incluso que Estados Unidos lo denunciara y saliese. La no permanencia o modificación es poco probable por el nivel de integración entre las tres economías, el hecho de ser sus principales mercados en el mundo, el significativo impacto sectorial y estatal en Estados Unidos por el profundo nivel de integración regional. También porque cualquier modificación requiere de votos mayoritarios en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos que el presidente Trump no conseguiría en 2026. Por estas razones, la probabilidad de este resultado no es mayor a 10%.
El segundo, también de baja probabilidad pero en el que hay que trabajar para subirla, es que se logre un acuerdo a través del cual México y Canadá atiendan las preocupaciones expresadas por Estados Unidos, (energía, telecomunicaciones, propiedad intelectual, compras de gobierno y otros para Mexico; impuestos digitales, telecomunicaciones, banca y lácteos para Canadá) y que Estados Unidos reconozca que los productos bajo no sólo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), sino también la sección 232 de la Trade Expansion Act de 1962 estén exentos de aranceles si cumplen con las reglas de origen del T-MEC.
Este arreglo se convertiría en un poderoso incentivo para el cumplimiento con las reglas de origen y la integración vertical y resultaría en un incremento significativo de la inversión, tanto en energía como en manufactura. La probabilidad no es mayor a 25% por el incentivo que tiene Trump para amenazar con aranceles a su antojo y no otorgar certidumbre de acceso. Si se logra, cuanto antes mejor para disparar la inversión, sería gracias a la presión de grupos de interés económico de Estados Unidos (energía, autos y autopartes, agricultura, mercados financieros) y de estados clave (Texas, medio oeste, Nueva York, Arizona, Colorado, Luisiana y otros) que es imprescindible activar.
Desde el punto de vista mexicano, el incentivo para lograr un acuerdo responde a la importancia de generar inversión y crecimiento y a la gran oportunidad de implementar una política industrial que promueva la integración vertical a través del cumplimento con las reglas de origen. Para esto se requiere, no obstante, de energía abundante en todo el país, limpia y competitiva y, por lo tanto, de una amplia apertura a la inversión privada por las obvias limitaciones presupuestarias y de Pemex y CFE.
El tercero, con una probabilidad de por lo menos dos tercios, consiste en que se alargue el proceso de revisión del T-MEC, no se logre resolver la clara violación de los aranceles bajo la sección 232, se atiendan, pero sin convicción, las quejas de Estados Unidos y se acuerde no contar con un reporte conjunto unánime y se tenga otro proceso de revisión en 2027, y luego otro en 2028 y así en adelante hasta que cambie el liderazgo político. El impacto económico dependería de la interpretación que den los inversionistas al nivel arancelario que se tenga y a su permanencia. Lo más probable es que los mercados concluyan que México y Canadá gozarán de una preferencia relativa, pero sin el entusiasmo que generaría la apertura energética y la eliminación de los aranceles bajo la sección 232. Inversión y crecimiento serían modestos en el sexenio en el mejor de los casos y eso sin recesión en Estados Unidos (poco probable).
Es importante trabajar en el convencimiento a Estados Unidos, pero sería más redituable un ambiente positivo para la inversión privada en energía. Estratégicamente, se pueden analizar las quejas energéticas presentadas ante el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y avanzar en ellas de manera unilateral. El costo político interno no es alto. Pero la mayor competitividad y el atractivo para invertir en México se convertirían en el catalizador para mejorar las condiciones políticas y avanzar en los temas económicos que interesan a México en Estados Unidos, incluidos los aranceles bajo la sección 232. Un primer paso son los proyectos prioritarios que se anunciarán esta semana.
El presidente Trump no tiene como prioridad hacer a México competitivo para la atracción de inversión. Esa labor sólo la pueden hacer el gobierno y sociedad mexicanos. Queda poco tiempo para lograrlo.
Sentencia IEEPA
La Suprema Corte de Estados Unidos emitirá, en las próximas semanas, sentencia sobre el posible abuso de la IEEPA por parte de la Casa Blanca para la imposición de aranceles. Como se ha explicado anteriormente, la Corte puede revertir las decisiones de la Corte de Comercio Internacional y la de apelaciones que declararon los aranceles inconstitucionales al ser prerrogativa exclusiva del Congreso, o puede confirmarlas, anular los aranceles y obligar su reembolso, o puede buscar un punto medio y dictaminar que el Ejecutivo no tiene facultades arancelarias más que en casos de auténticas emergencias.
Este posible razonamiento quizá explique la orden ejecutiva del lunes en la que el presidente Trump declara al fentanilo como “arma de destrucción masiva”. De lograrse esta interpretación, podrían permanecer los aranceles para los productos que no cumplan con las reglas de origen T-MEC para Canadá, México y China bajo la IEEPA antifentanilo, pero eliminarse todos los otros relacionados con los aranceles recíprocos del “día de la liberación” bajo el argumento que el déficit comercial no es una “emergencia”.
Esta sentencia sería “negativa” para México al reducir la preferencia relativa, pero positiva al establecer que la Casa Blanca no tiene facultades en materia de comercio salvo en casos excepcionales, por lo que las posibles modificaciones al T-MEC requieren de votos mayoritarios en ambas cámaras del Congreso. La menor preferencia es razón de más para avanzar en lo que compete a México: energía.
X: @eledece