No son pocos los paralelos entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. En parte porque aprendieron uno del otro. En su segundo mandato el presidente de Estados Unidos parece haber seguido el ejemplo de AMLO en el manejo de medios y adversarios. El expresidente López Obrador, por su parte, importó el argumento que Pete Navarro propuso a la Casa Blanca para la imposición de aranceles: las excepciones de seguridad nacional.
Ambos mandatarios han desestimado el orden jurídico, instituciones, compromisos internacionales y adoptado el mantra de “no me vengan con eso de que la ley es la ley”. En México, jueces federales, tribunales de circuito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaron sendas sentencias para sujetar al Ejecutivo Federal a la Constitución y las leyes. En Estados Unidos jueces federales y tribunales de circuito han limitado algunas acciones de su Ejecutivo, pero la Suprema Corte de Estados Unidos no ha, todavía, limitado de manera contundente los abusos de las facultades del inquilino de Mar-a-Lago. Se espera que su Suprema Corte se pronuncie este viernes sobre la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA); el caso constitucional más importante en las últimas décadas.
La protección de los derechos y el apego a la ley dependen mucho más de la efectiva división de poderes que de su enunciación como garantías individuales o colectivas. Sin división de poderes real con el Judicial y el Legislativo y sin competencias jurisdiccionales definidas entre federación, estados y municipios, la protección de los derechos vale no más que el papel en que están impresas. Casi todas las constituciones contienen derechos fundamentales, pero se tienden a respetar sólo en los países con contrapesos.
Éstos sirven no sólo para la protección de derechos individuales y de minorías, sino que obligan a los gobiernos a evaluar los méritos técnicos, jurídicos, medioambientales y sociales de políticas y proyectos.
Por ello el funcionamiento del Judicial y del Legislativo y de los órganos reguladores técnicos es indispensable. No cabe duda que algunos actores o grupos influyentes abusaron de los procedimientos judiciales para obtener beneficios inmerecidos y lograron influir indebidamente en ciertos órganos reguladores y que los autónomos, por su naturaleza jurídica, podían convertirse en inmunes a la rendición de cuentas e invadir facultades, para la definición de políticas públicas, del Legislativo o Ejecutivo. También es cierto que la división de poderes y la independencia regulatoria pueden convertirse en un obstáculo excesivo para la consecución de proyectos e implementación de prioridades presupuestarias. El expresidente López Obrador se quejaba, con cierta razón, del “elefante reumático” que paralizaba la acción pública.
Esta visión lo llevó, al principio de su sexenio, a aplicar “me canso ganso” (su propia definición) a sus prioridades, pero no al resto de la economía. Así, encargó los proyectos de infraestructura a las fuerzas armadas para que pudiesen ser ejecutados sin obstáculos regulatorios ni transparencia bajo el pretexto de seguridad nacional. En su último año, como reacción a las decisiones que habían sido cuestionadas como inconstitucionales, con razón por cierto, propuso el Plan C para centralizar el poder y deshacerse de los contrapesos constitucionales. Es decir, exportar el modelo “me canso ganso” al resto, ya no sólo para sus proyectos prioritarios. El Plan C no causó mayor preocupación inicial al no contar el presidente con las mayorías calificadas necesarias en el Congreso. Por supuesto, todo cambió con la inesperada avalancha electoral de junio de 2024.
Se empiezan ahora a hacer patentes los costos de “me canso ganso”: el huachicol que involucró a personal de la prestigiada Secretaría de Marina, el desastroso cierre del Seguro Popular en la mayoría de los estados, la falta de inversión en infraestructura y su deterioro evidente, el trágico accidente ferroviario reciente, la menor y tardada eficacia de órganos reguladores por falta de capacidad humana y física, la incertidumbre y desconfianza que implica la nueva configuración del Poder Judicial. Pero el costo más alto se observa en la pérdida de dinamismo en la inversión en 2025. La culpa no es sólo de la política arancelaria errática de Donald Trump, sino, sobre todo, del costo de implementación de Plan C y los mensajes contradictorios a los inversionistas, que se confirman de manera categórica con las reformas recientes en materia del juicio de amparo.
La concentración del poder y el desapego a la ley también tienen un costo de cara al ámbito internacional. La posición de negociación frente a otros países, sobre todo Estados Unidos, es más endeble entre más poder concentre el Ejecutivo. La Casa Blanca y congresistas en Washington saben que, en ese caso, la presidencia mexicana puede conseguir cualquier concesión que se le pida, lo cual no sería posible con un Congreso sin mayorías desmedidas y con un Judicial y reguladores independientes. El desapego a la ley es todavía peor: cuando la contraparte en una negociación sabe que las formas y el respecto normativo no importan, pide concesiones desmedidas.
No es coincidencia que históricamente México haya sido formalista, honrado la deuda externa y cumplido con sus compromisos internacionales sin argumentar “no me vengan con que la ley no es la ley”. De hecho, la única manera de defender los derechos de México y de los mexicanos, sobre todo con respecto a Estados Unidos que es mucho más grande y poderoso, es el apego a la ley para tener la autoridad moral para pedirle que también se apegue. Ésta es la gran virtud del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y de la importancia de que se respete. El costo más alto de abandonar el respeto a la ley, la democracia, las instituciones y los compromisos internacionales, además de la menor inversión, se da en términos de pérdida de soberanía y de seguridad nacional. Ésta es la principal lección de Venezuela.
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