La desaceleración económica en 2025 responde mayoritariamente a la reducción de los montos de inversión públicos y privados. No a que no haya habido inversión, sino a que perdió el dinamismo de 2023, cuando creció de manera muy importante (16.7%) y de 2024 cuando alcanzó 24.8% del producto interno bruto (PIB) y la mayor inversión privada en la historia reciente (22.1% del PIB). De hecho, la inversión privada en 2025 (20.8% del PIB en los primeros seis meses) está todavía por arriba del promedio de 1993 a 2024 de 18.7%.
La caída se explica en mucho por la implementación del llamado Plan C y por el fuerte recorte en infraestructura pública que deprime también la privada. No obstante, los altos niveles de inversión privada, aunque menores en 2025, responden al nearshoring, sí sigue, y al importante incremento de la generación de valor agregado de las empresas en México que permite, al mismo tiempo, una mejor compensación laboral y mayores utilidades que se traducen en recaudación del impuesto sobre la renta a personas morales e inversión.
Si el consumo extiende su modesta recuperación de los últimos tres meses (por el crecimiento de salarios promedios y en ausencia de una devaluación o incertidumbre importante) y las exportaciones siguen con el ritmo positivo observado, será otra vez la inversión la que defina el crecimiento de la economía.
En 2026, no debería ser muy difícil, aritméticamente, crecer por las bajas tasas de 2024-25. Como muestra el cuadro más abajo, si la inversión total continúa con un crecimiento tan negativo como en 2025, el del PIB sería de sólo 0.4%, si consumo y exportaciones siguen como ahora. Si la caída de la inversión es más modesta, menos 1%, por ejemplo, el PIB crecería, cæteris paribus, 1.4%. Para alcanzar la meta de crecimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de 2.3%, se requeriría que la inversión aumentara tres. Pero si se lograra regresar a inversión sobre PIB de 25% (a que aspira el Plan México), que implicaría un crecimiento de la inversión de 11.75%, se generaría una expansión del PIB de 4.3.
¿Qué podría detonar la inversión en el segundo año de gobierno? Se esperaría un incremento de pública si el gobierno logra mejorar su capacidad de ejecución. SHCP prevé una de 2.6% del PIB, todavía muy modesta para no sólo revertir el claro, y ya políticamente costoso, deterioro en la infraestructura pública, sino para sentar las bases de crecimiento futuro. Ante la imperiosa consolidación fiscal, los montos más importantes para la inversión en infraestructura sólo pueden proceder del sector privado. La pregunta es si el gobierno está dispuesto a crear el ambiente reglamentario propicio. Las inversiones mixtas pueden jugar un papel relevante, pero resultarán insuficientes para detonar una avalancha de proyectos.
El problema es que la inversión no sólo es necesaria para crecer en 2026, sino para atraer proyectos en manufacturas, el sector con mayor potencial de la economía mexicana. La competitividad en manufactura y aprovechar la gran oportunidad que presenta la diversificación del riesgo chino, requieren de inversiones masivas en energía y en logística.
El comportamiento de las exportaciones en 2025 (totales 6.6% de crecimiento enero-octubre, vehículos de transporte -4.9, pero resto de manufacturas 16.0) subraya el potencial de la economía y la profundización de la integración en América del Norte.
La estrategia comercial de Donald Trump ofrece a México una oportunidad inusitada de implementar una política industrial ambiciosa, con profunda integración vertical. El incremento en los aranceles que Estados Unidos cobra al resto del mundo y a los bienes no originarios provenientes de Canadá y México (que no cumplen con la regla de origen), implica una oportunidad irrepetible para aumentar el contenido nacional por unidad exportada y conseguir la integración vertical que demandan las reglas de origen que ahora merece la pena cumplir. Pero esto requiere energía y logística de excelencia.
Sin energía se vuelve imposible la producción de aceros, otros metales, petroquímicos y químicos que forman el corazón de los insumos usados en la manufactura. Contar con ellos, además de permitir el cumplimiento con las reglas de origen, es la mejor estrategia para reducir el déficit comercial con respecto a China y otros países asiáticos que son los principales proveedores de todo tipo de insumos para la manufactura.
Sin energía abundante, competitiva, limpia y disponible en todo el país, tampoco se puede participar en la revolución digital y en la implementación de la inteligencia artificial. La demanda de energía en México más que se duplica con respecto a lo que se consideraba necesario hace sólo un año, por dos razones: una el poderoso incentivo para la integración vertical que implica la necesidad de cumplir con las reglas de origen. Dos, el enorme incremento de las necesidades energéticas para el desarrollo de centros de datos.
El gobierno mexicano tiene que escoger si aspira a una política industrial que privilegie el contenido nacional, la incorporación de regiones que no se han beneficiado de los flujos de comercio exterior y la adopción de la revolución digital para poner a México tecnológicamente al día. O si prefiere mantener un sector energético dependiente de Pemex y CFE e inversiones modestas en infraestructura de transporte para mejorar marginalmente la logística, pero sin crecimiento suficiente.
La clave es visualizar las conversaciones para la revisión del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) como una oportunidad para avanzar a un régimen no discriminatorio que promueva la inversión en energía y telecomunicaciones, y lograr que los bienes que cumplan con las reglas de origen no queden sujetos a aranceles bajo la sección 232 de la Trade Expansion Act de 1962. Todo esto con el fin de implementar una política industrial de integración vertical que transforme y crezca México y permita mayores niveles de recaudación para el gasto público. Por cierto, la no discriminación es también clave para hacer de Pemex y CFE empresas públicas exitosas.
X: @eledece