Digo revolución y me respondes:
No fue más que un destello,
una noche de fuego, tantos años de humo.
Daniel Rodríguez Moya
Hace poco el gobierno de Miguel Díaz-Canel reconoció que Cuba negocia con Estados Unidos. No es un dato menor: es el derrumbe de una mentira sostenida por décadas: convirtió a Estados Unidos en explicación y pretexto de todo. Negociar es admitir que han fracasado; que su revolución ha muerto frente a la terrible realidad que muerden a diario.
Luego está la actualidad: Los apagones ya no son una falla: son la normalidad de un país a oscuras. La electricidad ya no es un servicio, se volvió un privilegio miserable. La comida ¿existe? La vida cotidiana se reduce a resistir: filas, calor, incertidumbre. Ya no hay épica en la crisis, solo descontento y una sociedad con hambre.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha enviado petróleo y víveres a la isla. La ayuda se presenta como solidaridad, como un gesto que trasciende fronteras. Claro, hay evidencia que la ayuda llega a la isla. Como en el gobierno cubano los mecanismos de transparencia simplemente no existen, la ayuda no se distribuye: se administra políticamente.
López Obrador reaparece y convoca a donar por Cuba. No desde una institución clara, sino a través de una cuenta que arrastra dudas, que se mueve en una zona gris. La ayuda deja de ser política pública y se vuelve llamado, casi acto de fe. Algunos morenistas presumieron las transferencias en redes. Pero, ¿quién administra el dinero?, ¿cómo se fiscaliza?, ¿a dónde llega realmente?
La polémica crece porque el llamado ocurre en México. Sí, nuestro país que vive atravesado por la violencia, una crisis de desaparecidos que no cede y un sistema de salud con carencias evidentes. Por eso, la pregunta desnuda una contradicción brutal: ¿por qué convocar a donar para otro país y no para atender, con la misma urgencia, los problemas que golpean a México?
DE COLOFÓN: Cofepris, ahora encabezada por Víctor Hugo Borja, se ha convertido en una barrera comercial que el gobierno de Claudia Sheinbaum tendría que desmontar si realmente busca avanzar hacia un acuerdo con aranceles bajos o nulos, además de frenar problemas como la falsificación y el robo de patentes. Al tratarse de obstáculos no arancelarios, su peso puede escalar rápidamente en la negociación del TMEC, donde el equipo de Marcelo Ebrard enfrentará presiones directas del lado estadounidense, encabezado por Howard Lutnick, especialmente en temas de compras públicas y trato nacional.
A este frente externo se suma un problema interno ya conocido. La decisión de separar la compra de medicamentos de su almacenamiento y distribución —impulsada al inicio del sexenio pasado por Raquel Buenrostro— terminó en desorden, ineficiencia y fallas evidentes en el abasto. El propio gobierno anterior tuvo que reconocer sus efectos. Pese a ello, la corrección prometida al inicio de esta administración no se ha materializado.
El fracaso de la megalicitación de 2025 dejó claro que el modelo no funciona, pero la estrategia persiste. Se siguen exigiendo precios bajos con entregas fragmentadas y altamente específicas —como surtir pequeñas cantidades en clínicas concretas— mientras varias empresas aún esperan pagos pendientes del Insabi. Bajo esas condiciones, participar implica perder dinero, por lo que el escenario más probable vuelve a ser el de licitaciones desiertas y escasez de medicamentos.
En paralelo, la intención de atraer inversión privada al sector farmacéutico, impulsada por el llamado Plan México bajo la conducción de Altagracia Gómez, enfrenta un entorno poco favorable. Los largos tiempos regulatorios —con registros sanitarios que pueden tardar años— y un enfoque cercano al proteccionismo, reforzado por el papel de Birmex, desalientan la llegada de nuevos actores. El camino ya es conocido y sus resultados también: insistir en él solo acerca la posibilidad de repetir el mismo fracaso.
@LuisCardenasMX
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