Crear una organización de la sociedad civil en México no es fácil, ni tampoco suele ser rápido. La ruta todavía es más compleja si se busca ser una donataria autorizada. Para lograrlo, la organización necesita apegarse a la ley, contar con un registro formal, ser transparente con las actividades que realiza y reportar el destino de los recursos que recibe. En un escenario conservador, hacer el trámite toma de seis meses a dos años. Pero en un escenario pesimista, prevalece un limbo burocrático que, a pesar de la evidencia, dificulta validar las actividades que ya realizan las organizaciones. Este segundo escenario es el que viven en estos días más de 336 organizaciones sociales.
Mientras los medios de comunicación han centrado su atención en las más grandes y más conocidas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha dejado sin permiso para recibir donativos a organizaciones como: el Asilo de Ancianos de Monclova, las Mujeres Unidas contra el Cáncer de Mama, los Cineastas de Morelos, los Pacientes Autoinmunes con Procesos Inflamatorios A.C; los Carmelitas Descalzos, la Fundación contra las adicciones Tronik Juvenil de Tlanepantla, o la Iniciativa Kino, que ayuda a los migrantes en el desierto de Sonora. Estas organizaciones no trabajan con quienes pueden pagar servicios de salud o asistencia social privada, sino que hacen la diferencia con quienes nada tienen.
Comparativamente con otros países, México no es un modelo de filantropía boyante, ni tampoco cuenta con una política pública que promueva la participación activa y organizada de la sociedad. Mientras que en países europeos como España, Gran Bretaña o Francia hay políticas que incentivan la participación social con deducciones fiscales que van del 40% hasta el 80% a donativos otorgados a organizaciones con fines sociales, en la región latinoamericana existen políticas más conservadoras. Brasil, con una amplia política de participación social, registra más de 897 mil organizaciones; Chile cuenta con 403 mil 159 organizaciones, Argentina más de 100 mil y Ecuador cerca de 70 mil.
En México, del pequeño universo de 48 mil 035 organizaciones con registro formal, según datos de CEMEFI, solamente 10 mil 831 cuentan con la autorización para recibir donativos. A pesar de ello, la diversidad de causas y cauces es sorprendente. El panorama organizativo muestra desde organizaciones para la prevención del abuso infantil, hasta aquellas dedicadas a la atención de las adicciones, los niños con síndrome de Down, la promoción de talentos, la conservación del ajolote, las equinoterapias para niños con autismo y un largo etcétera.
Según datos del INEGI, las instituciones sin fines de lucro, es decir, aquellas que no tienen como fin último hacer rico a un grupo de amigos sino apoyar causas sociales, humanitarias o educativas, contribuyeron en 2024 con el 3.3% de la economía del país. En este sector, participaron más de 3 millones de personas. De este total, 67.6%, es decir, más de la mitad, contribuyó con trabajo voluntario.
Lejos de ser socavadas, las organizaciones sociales suelen ser vistas como aliadas naturales para resolver problemas sociales. Desde hace tiempo, el gobierno federal ha perdido oportunidades. Es una apuesta perder-perder. En lugar de sumar aliados, se han dinamitado puentes con premisas equivocadas como posible evasión fiscal, intereses de grupo político-partidista o desvío de recursos. Para las organizaciones sociales ha existido un proceso de sobre-fiscalización y nuevas reglas —como las de este año, que burocratizan el camino para enfrentar la pérdida de registro—. Para los ciudadanos de a pie, esto significa tener menos opciones para ejercer derechos. Para el gobierno, esto es perder la oportunidad de aprovechar la experiencia y disposición de tantas organizaciones para colaborar, aumentar la confianza pública y avanzar hacia la sociedad de derechos que todos queremos.
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