El decretazo presidencial publicado a principios de esta semana mediante el cual se considera de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras prioritarias a cargo del Gobierno de México es una amenaza directa a los derechos fundamentales, a la rendición de cuentas y a la democracia.

El decreto pretende crear un régimen de excepción para las obras emblemáticas del Presidente. En esta lista figuran el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y otras del sector energético. Estas obras están contempladas en el gasto público en infraestructura aprobado por el Congreso con un incremento de 14.3% para 2022. Varias de ellas se realizan bajo tutela de las fuerzas armadas y cuentan con un presupuesto superior a los 982 millones de pesos. La ley de transparencia y acceso a la información contempla como una de las causales de reserva de información la seguridad nacional, la seguridad pública y la defensa nacional, entre otras.

Por ello, establecer sin fundamento o motivación alguna que las obras realizadas con recursos de todos nosotros son un tema de seguridad nacional contraviene el derecho de acceso a la información, violenta procedimientos, normas y procesos establecidos en otras legislaciones y vulnera el derecho de participación, el de consulta previa e informada o el de acceso a un medio ambiente sano conforme a los principios establecidos en el Acuerdo de Escazú ratificado recientemente por México.

Por si no fuera suficiente, al instruir a las dependencias y entidades de la administración pública federal otorgar autorizaciones exprés sin pasar por el proceso de dictámenes, permisos o licencias para iniciar obras, los funcionarios públicos estarán frente a la disyuntiva de someterse a la voluntad de su jefe o respetar la ley.

Para nadie es un secreto que la ejecución de obra con recursos públicos requiere de máxima transparencia, estricta vigilancia social y clara responsabilidad. Es precisamente la otra cara de la moneda, es decir, la opacidad, la que propicia prácticas como los diezmos, los sobrecostos y las frecuentes omisiones. En algunos casos, las consecuencias derivan en despilfarro y en el peor de los escenarios, que ya hemos visto, la historia termina en la pérdida de vidas humanas. La Estela de Luz, el Socavón del Paso Express, la Línea 12 del Metro o los inmuebles caídos tras el sismo de 2017 son un trágico recuerdo de estas prácticas.

La Auditoría Superior de la Federación ha señalado como una de las irregularidades más frecuentes en obra pública, la mala planeación, los incrementos injustificados en precios y la falta de proyecto ejecutivo. Las prisas por motivos político-electorales no serán buenas consejeras ni permitirán mejores resultados. Si en cambio generan los incentivos para que pervivan los arreglos en lo oscurito y la corrupción que tanto dice combatir la actual administración.

Ante el palo dado del decretazo solo quedará la vía judicial de los amparos y la controversia constitucional por parte de quienes aún aspiran a que en México exista un Estado de derecho y de derechos.
 

Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas.
@louloumorales

 

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