Antes de la fecha límite, Aureliano Hernández Palacios resultó electo como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación por una mayoría apabullante de 472 votos de los 500 posibles. La carga legislativa —con la discusión de la reforma electoral y la necesaria designación de nuevos consejeros electorales— y la deficiente gestión del auditor Colmenares, alineó los astros y los votos a favor de quien ocupará este cargo hasta 2034.
El proceso de designación contó con 92 aspirantes de los cuales 81 —solo 15 mujeres— cumplió con los requisitos para ser entrevistados. La Comisión de Vigilancia realizó entrevistas simultáneas en tres salones distintos, pero no publicó los expedientes, ni los criterios utilizados, ni los resultados de las evaluaciones. La votación se hizo vía cédula por lo que nunca sabremos quiénes fueron los siete diputados que optaron por los otros aspirantes de la terna.
La designación de quien encabezará la institución a cargo de revisar cómo se ejerce el dinero público, no es una simple tarea burocrática. La autonomía e independencia política del titular importa porque de eso depende la credibilidad y la neutralidad con la que se revisa el buen uso y destino del dinero público. De eso depende también la integración de investigaciones robustas para la detección y el combate a la corrupción.
Durante los últimos ocho años se eliminaron mecanismos de rendición de cuentas internos de la ASF, como el Consejo de Dirección; se concentraron esfuerzos de revisión en estados y municipios; se modificó hasta ocho veces el plan anual de auditorías sin mediar justificación; se ignoraron los mandatos en materia de combate a la corrupción; no se utilizaron los mecanismos de participación ciudadana contemplados en ley y se acumuló el rezago de observaciones, solicitudes de aclaración y acciones sujetas a procedimiento. Se auditó mucho, más de 2 mil 200 auditorías por año, pero el resultado de esta revisión no generó un cambio o una mejora en la vida de las personas. El problema es que esto sucedió cuando el recién nombrado auditor ya formaba parte de la institución. Desde octubre del año pasado, ocupó el cargo de Auditor especial de gasto federalizado y en 2018 llegó a la institución como director general de auditoría de gasto federalizado. Desde México Evalúa se han hecho cinco recomendaciones para que la institución que vigila el gasto rinda cuentas, cumpla con su labor en el combate a la corrupción y abra las puertas de su trabajo a la ciudadanía. Lo mejor que podría pasar es que el nuevo auditor superior gane legitimidad social con su trabajo. La Comisión de Vigilancia del Congreso también tendrá que cumplir con responsabilidad como guardián.
Pero en un escenario contrario y ante la designación de alguien considerado “de casa”, podríamos ver en la federación lo que ya sucede en la mayoría de las entidades federativas. Con un presupuesto y personal limitado, las auditorías locales están sujetas a los vaivenes políticos de las entidades federativas. La mayoría de ellas, restringen su labor ante la falta de independencia y profesionalización. Actualmente, solo 13 de los 32 auditores estatales cumple con el mandato para el cual fue electo. Los demás fueron removidos tras la llegada de un nuevo gobernador, ya sea por renuncia anticipada, persecución política, acusación de corrupción o reforma legislativa a modo destinada a cambiar el membrete y quitar al auditor incómodo al poder. Ocho años es un periodo largo, suficiente para consolidar o para sepultar una institución.
Investigadora de México Evalúa
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