El 31 de julio de este año, concluyó el segundo mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado para coadyuvar al pleno acceso a la verdad sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El GIEI se fue no sin antes dar a conocer el contenido de su sexto y último informe. En él, se explica de manera detallada, técnica y ajena a los sesgos políticos, por qué en el país de los más de 105 mil desaparecidos, según cifras oficiales, no hay acceso a la justicia, ni a la verdad, ni a la reparación del daño y por lo mismo, mientras la estrategia no cambie, seguiremos condenados a la trágica y constante repetición. El trabajo del GIEI señala los cabos sueltos de una investigación no concluyente y genera alertas a considerar en cualquier investigación relacionada con violaciones graves a derechos humanos.
La primera es que cualquier vulneración a la independencia y autonomía de las fiscalías y de las instancias encargadas de administrar justicia impacta en la calidad de las investigaciones. Las presiones políticas generan aberraciones como la desacreditada “verdad histórica” o el uso de información falsa que viola el debido proceso y desvía las investigaciones.
En segundo lugar, se alerta sobre el peligro al que son expuestos los testigos protegidos. En zonas controladas por el crimen organizado, de manera irresponsable, quizás deliberada, se exponen datos y nombres sin recato, comprometiendo la vida e integridad de quienes tienen información valiosa y cerrando así la posibilidad de contar con indispensables testimonios.
En tercer lugar, una buena parte de las acusaciones del caso Ayotzinapa han estado limitadas a un planteamiento general de delincuencia organizada que deriva en el señalamiento del chivo expiatorio pero que excluye la lógica de las investigaciones por desaparición forzada. En este caso, se requiere ampliar la información hacia el mapeo de redes, intercambios y contextos.
Bajo esta lógica, la colaboración con organizaciones de derechos humanos resulta fundamental dado el nivel de cooptación e infiltración de diversas instituciones de seguridad y de representación política. Muchas de estas organizaciones cuentan con la confianza ciudadana y con el conocimiento y el pulso de las comunidades, “desperdiciar este conocimiento, así como la información que pueden brindar, es negarse a conocer la realidad de la violencia”.
En este sentido, sobresale en este último informe nueva evidencia sobre el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. A partir del mapeo de las comunicaciones y localización de telefonía de diversas corporaciones, se sabe ahora que varios testigos mintieron sobre su participación y que generaron información que se niegan a compartir. Las violaciones graves a derechos humanos no admiten reservas. Sin archivos y sin información no podrá nunca conocerse la verdad. Para el GIEI el comportamiento omiso del ejército en la noche de Iguala se puede explicar por dos razones: la colusión del narcotráfico y la delincuencia organizada con el 27 batallón de infantería y el estigma hacia los normalistas para quienes el trato de contrainsurgencia ha sido el mismo en esa región, desde hace décadas.
Pensar que este Ejército es el mismo que ahora controla presupuesto, puertos, aeropuertos y muchas más funciones que solían ser del ámbito civil da escalofríos. Lo es peor cuando vemos que siguen las desapariciones a la vez que se consolida el pacto de silencio.
