Se suele llamar punto de no retorno al momento crucial en la vida de las personas en el que sucede un cambio definitivo. En el diseño del régimen político de un país o en la dinámica de las sociedades, el punto de no retorno proviene de acciones y decisiones que modifican el contexto de manera definitiva. Es como un viaje sin el combustible suficiente para poder rectificar o regresar sobre los pasos. Por acción de la clase política dominante y por omisión de una sociedad incapaz de coordinarse para generar la resistencia suficiente, México se encuentra al borde del punto de no retorno autoritario.
Hace unos días, una treintena de organizaciones de la sociedad civil presentó el Informe paralelo referente al informe periódico del Estado mexicano al Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.
El recuento sobre la demolición de los pilares de la rendición de cuentas en México y la restricción de derechos fundamentales desde la Constitución es estremecedor.
Visto en su conjunto, resulta un país sin contrapesos en los poderes públicos. En el Judicial, la renovación de jueces y magistrados no contó con garantías del ejercicio del voto libre e informado, no contó con condiciones de equidad, tuvo escasa participación y careció de reglas de supervisión, fiscalización e integridad que requieren ser modificadas. En el Legislativo, una mayoría artificial ha sustituido el intercambio de ideas y argumentos por la imposición de normas y la opacidad en la gestión de los recursos. En este mismo país, la garantía del derecho a saber se volvió inasible, con el aumento de causales ambiguas para reservar datos y con la existencia de instituciones ahorcadas presupuestariamente e incapaces de garantizar la generación y entrega de información pública cuando es negada. Un país que aumentó las restricciones fiscales y operativas de las organizaciones de la sociedad civil, las cuales son más auditadas que el propio Senado de la República y a las que tras la emisión de una crítica, se les castiga con la cancelación del registro de donataria autorizada.
En ese mismo país, la militarización ha derivado en un aumento de más del 100 por ciento del presupuesto a la Secretaría de la Defensa y de más del 174 por ciento a la Secretaría de la Marina. Ambas instituciones gestionan 19 aeropuertos y administran al menos 15 empresas de participación estatal mayoritaria, varias de ellas con operaciones e inversiones de dudosa rentabilidad.
Un país de fosas y de cuerpos sin identificar, en el que el horror es negado desde el poder y normalizado desde la ciudadanía. Solo durante el primer semestre de 2025, desaparecieron 45 personas al día. A pesar de las recomendaciones del Comité contra las desapariciones forzadas y de la activación del procedimiento para desapariciones sistemáticas o generalizadas, el gobierno no garantiza ni la verdad ni la justicia a la sociedad.
Un país que limitó el amparo, que estrechó la definición de interés legítimo para la defensa de derechos colectivos y que en materia fiscal permite el congelamiento preventivo de cuentas por decisión unilateral de la UIF.
En este mismo país se aprobó un paquete de reformas digitales que harían suspirar a Orwell. No se trata solamente del registro de un número celular, sino de seis reformas y cuatro leyes que redefinen la forma en la que se gestionan, centralizan y utilizan los datos personales, permitiendo la vigilancia masiva de la población. Estamos, dice el informe, frente a la: “construcción acelerada de un ecosistema de vigilancia sin contrapesos, con una capacidad sin precedentes para intervenir en la esfera íntima de la ciudadanía”. En este país se permite la prisión preventiva oficiosa, se tortura en los centros penitenciarios y se asesina a migrantes en completa impunidad. Por si no bastara, se anuncia una reforma electoral regresiva que de concretarse sin resistencia, será, como sociedad, nuestro punto de no retorno.
Investigadora de México Evalúa