Despropósitos de la revocación

Lourdes Morales Canales
Nación 06/01/2022 02:53 Actualizada 02:55
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Durante el receso decembrino de la Cámara de Diputados, el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, decidió interponer una denuncia penal contra seis de los once consejeros electorales y su Secretario Ejecutivo. En un hecho inédito desde la creación del órgano electoral, se abrió la posibilidad de que los funcionarios electorales sean investigados y condenados por supuesto abuso de autoridad y coalición de servidores públicos. Ambos delitos contemplan penas que pueden ir hasta los siete años de cárcel. La sobre-reacción del legislador de Morena provino del voto de los consejeros a favor de posponer temporalmente algunas de las actividades relacionadas con la revocación de mandato por insuficiencia presupuestaria. Tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Electoral ordenaron la continuidad de los trabajos de revocación. Sin embargo, la instancia judicial electoral abrió la puerta para que el INE ajuste su presupuesto y, en su caso, solicite una ampliación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Frente a este escenario el INE exigirá los 3 mil 480 millones que requiere para realizar el ejercicio según las exigencias establecidas por la ley, o bien, acatará la resolución y hará una versión de revocación light mucho más modesta de lo que inicialmente se contemplaba.

La evolución del proceso de revocación de mandato, promovida por el Presidente de la República y sus partidarios, es cada vez menos un ejercicio de empoderamiento ciudadano y cada vez más una escena del teatro del absurdo que bien podría haber escrito Beckett. La confrontación entre los promotores y los detractores de la consulta muestran el tono en el que muy probablemente se desarrollarán los procesos electorales venideros incluida una posible reforma en la materia. Quedan pendientes las acciones de inconstitucionalidad y la resolución de fondo de una controversia frente a la Suprema Corte.

Solo durante este año se renovarán gubernaturas en seis estados de la República. En un país marcado por la impunidad frente a actos delictivos de alto impacto como los feminicidios, el secuestro o la extorsión, la denuncia penal en contra de los funcionarios electorales es un franco despropósito. Todavía lo es más el que los integrantes de otros partidos políticos que conforman la mesa directiva no tengan conocimiento del documento de denuncia y que a la fecha no exista la certeza de un desistimiento. Mientras la Fiscalía General de la República no cierre las carpetas de investigación y mientras no se conozca el escrito de desistimiento, las autoridades electorales están bajo amenaza y todo lo demás es saliva.

Este preocupante escenario ha hecho que instancias como la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la cual agrupa a 34 órganos electorales del continente americano, recuerden que: “hace casi 40 años iniciamos las transiciones democráticas en América Latina. Es un importante logro que no se da de una vez y para siempre. Hay imperfecciones. Es responsabilidad de los demócratas. Por eso hay que cuidar al INE con base en la legalidad y con política democrática que supone respeto de sus atribuciones y de las diferencias”.

Si no estuviéramos frente a la cuarta ola de contagios por Covid-19, frente a una crisis económica, frente una persistente corrupción y frente a un nuevo desabasto de medicamentos todo esto no sería más que un despilfarro más de recursos públicos. En el escenario actual la realidad parece gritar que “todos nacemos locos. Algunos continúan así siempre”.
 

Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas.
@louloumorales

 

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