En enero de 2018, cuando las denuncias de acoso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein ya habían hecho del #MeToo (YoTambién) un referente contra la violencia machista, un desplegado promovido por cien mujeres vino a recordar la importancia de la libertad sexual y la autonomía de las mujeres. El texto criticaba la campaña de delaciones hechas en medios y redes sociales hacia hombres que, sin juicio de por medio o sin pruebas, había que linchar mediáticamente. Desde su punto de vista, la invitación, a “delatar a tu puerco”, no era una reivindicación sobre la autonomía de las mujeres sino más bien la puerta de entrada a la represión moralina. Una invitación a los extremistas religiosos y a aquéllos que “a nombre de una concepción del bien y de la moral victoriana piensan que lasmujeres son seres aparte, niñas con cara de adulto”. En lugar de la emancipación se busca la eterna victimización, sostenían. Entre las signatarias del texto publicado en Le Monde figuraban distintas profesionistas, entre ellas las dos Catherines: Deneuve y Millet. La primera, célebre por su extraordinaria carrera como actriz, pero también por haber promovido el Manifiesto de las 343, momento histórico en la lucha a favor de la legalización del aborto en Francia. La segunda, autora del polémico libro La vida sexual de Catherine M. cuyas páginas develan la nutrida sexualidad de una mujer autónoma y libre de culpas.
Durante el proceso de elección judicial hemos visto varias decisiones erráticas de los árbitros electorales, en particular las que censuran la libertad de expresión de los ciudadanos. A finales de mayo, Luis Castañeda Palacios, candidato a juez de distrito en Ciudad de México fue señalado por la organización Defesorxs A.C por supuestamente contar con denuncias de abuso, acoso sexual y homicidio. El INE abrió un procedimiento en contra de Miguel Alfonso Meza, director de la organización ¡por violencia política hacia las mujeres en razón de género! que por lo absurdo desechó. Sin embargo, el Tribunal Electoral si ordenó ampliar la investigación en su contra. A finales de junio, el INE, requirió a la periodista Laura Brugés para que en solo 48 horas revelara sus fuentes respecto a un video sobre la difusión de acordeones. Si no lo hacía recibiría una multa de 56 mil 570 pesos. Esto a pesar de que la CIDH reconoce el derecho a la reserva de fuentes de los periodistas para preservar la libertad de información.
Finalmente, el caso más sorprendente es el de la ciudadana Karla María Estrella mejor conocido como #DatoProtegido. A través de su red social, esta ciudadana osó cuestionar la forma en que la diputada Diana Karina Barreras del PT, obtuvo una candidatura al Poder Judicial ya que también es esposa del morenista Sergio Gutiérrez Luna presidente de la Cámara de Diputados. Ante una denuncia de la diputada, el Tribunal le impuso a la ciudadana una multa económica, la inscribió en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política de género, la sentenció a tomar cursos de sensibilización y la obligó a pedir disculpas públicas durante 30días. A los partidos y sus jueces se les perdona todo, a los ciudadanos nada. Se aplaudirán a sí mismos sus resoluciones pero esto no es democracia.
