Un problema con antecedentes

Lorenzo Meyer

Raúl Vera llegó a la edad del retiro. Ojalá se posponga, obispos como él no ha habido muchos y el país los necesita.

 

Todo cambio político que pretende ser de fondo, más temprano que tarde se topa con la resistencia de aquellos intereses ya creados que se consideran afectados o amenazados. Es frecuente que, en países como el nuestro, algunos inversionistas externos se consideren afectados por las modificaciones. En tales situaciones, los aparatos diplomáticos de los países inversores suelen entrar en la defensa de lo que consideran derechos adquiridos de sus conciudadanos. Normalmente proceden con discreción, pero de vez en cuando hacen público su descontento. México tiene amplia experiencia en este campo.

Uno de los caminos de la defensa de quienes se sienten afectados por cambios en leyes, disposiciones o procedimientos es declararlas contrarias a lo que es justo pues les significarán la pérdida de la posición o ventajas que antes tenían. Desde hace siglos, en el arranque de la globalización, los comerciantes, prestamistas e inversionistas de los países centrales han considerado que las decisiones tomadas por los países periféricos que modifiquen en sentido negativo las condiciones ya acordadas, deben ser revertidas o los afectados compensados, de lo contrario se estaría cometiendo una injusticia y, sobre todo, debilitando las bases mismas del capital internacional, lo que debe ser contrarrestado con reclamos, negociación o sanciones.

Recientemente, el embajador con más peso político en México, el norteamericano, en una plática virtual para la Concamín, declaró: “Para mí, algunas de las acciones de los últimos meses, sobre todo en el sector energético, han creado incertidumbre sobre esa promesa del gobierno de respetar lo que se hizo en el pasado y de no cambiar las reglas del juego”. Sin ser específico sobre cuáles eran las modificaciones a las que se refería, y aceptando que México es un país soberano que tiene derecho a modificar ese tipo de políticas, el embajador advirtió que él, en tanto representante de los intereses de su país, ya no podrá decir a sus connacionales “que [éste] es un momento oportuno para invertir en México” pues eso sería mentirles, (Forbes México, 25/06/20; El Economista, 26/06/20).

Todo embajador debe informar a sus superiores sobre cómo interpretar la situación del estado donde se encuentra en función de lo que él considera el interés nacional del país que representa. Sin embargo, al hacer público ese juicio —en este caso sobre la política energética y la inversión externa— en un contexto notoriamente difícil para la economía mexicana y en un ambiente de polarización y choque abierto entre las posiciones políticas del gobierno y las de sus adversarios —situación no muy diferente, aunque por otras razones, de lo que ocurre en su país—, el enviado de Estados Unidos está, aunque sea de manera muy “diplomática”, tomando posición en esta confrontación y justo en vísperas del primer encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el impredecible presidente norteamericano, donde también estará el Secretario de Estado, que ya hizo público su deseo de que nuestro país se sume a la posición norteamericana en el caso de Venezuela.

El embajador no fue explícito en torno a las causas que motivaron su crítica pública, sólo se refirió al cambio de reglas en el campo energético. Es de suponer que AMLO y los responsables de la política mexicana en materia de energía si saben exactamente cuál es la naturaleza del problema. Por lo que se refiere al petróleo, la ley misma sobre ese combustible y elaborada por el gobierno anterior no se ha modificado. Por otro lado, sí hay retraso en el otorgamiento de permisos en esa cadena que va desde la importación de gasolinas hasta el transporte o la apertura de gasolinerías. Es en el ramo eléctrico donde han saltado más chispas. Quizá también puede molestar el que Pemex busque refinar sus propias gasolinas, lo que disminuiría la importación mexicana de las mismas provenientes de Estados Unidos, donde hay excedentes de ese producto.

México ya pasó antes por este camino. La nacionalización de la energía eléctrica en 1960 no tuvo problemas porque los inversores ya querían irse. En el petróleo la situación fue diferente. La Revolución Mexicana modificó la política impositiva primero y el marco legal de la inversión externa en materia de petróleo después, y eso le llevó a un choque intermitente de más de treinta años con Estados Unidos y otras potencias. En la lucha por mantener la soberanía de países como el nuestro, las ganancias y las pérdidas no siempre son definitivas pero las tensiones sí son constantes. Hoy se está escribiendo un capítulo más de esta historia interminable.

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