La desazón del séptimo año

Lorenzo Meyer

Está en el interés de AMLO y de su proyecto de transformación cerrar bien la investigación de lo acontecido en Iguala por sus dimensiones y sordidez

El 2 de octubre es en parte final y en parte principio.

Una forma de entender la naturaleza del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es interpretarlo como un esfuerzo por emplear a las instituciones del gobierno para modificar aspectos fundamentales del régimen: disminuir tanto su extendida y arraigada corrupción, como la gran desigualdad social. La tarea es formidable y el instrumento para llevarla a cabo —la maquinaria gubernamental— es, a la vez, parte del problema pues suele funcionar mal o de plano no funcionar en momentos críticos.

Un crimen que ha conmovido a México es la “desaparición” en Iguala de 43 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Todo lleva a suponer un brutal asesinato masivo cometido por una banda de narcotraficantes —“Guerreros Unidos”— en connivencia con autoridades. Por siete años las conjeturas han abundado pero el caso no se ha resuelto. La investigación oficial primero no quiso y después no ha podido dar con la evidencia dura que permita reconstruir lo acontecido en una noche donde los jóvenes primero fueron agredidos, luego estuvieron en manos de policías y finalmente entregados a la delincuencia organizada.

La desazón e indignación que provoca “el caso Ayotzinapa” se explica primero por el involucramiento abierto en la desaparición de los jóvenes no sólo del crimen organizado sino de las propias autoridades locales y luego por la resistencia del aparato de investigación federal para desenmarañar el enredo inicial.

El descomunal crimen de Iguala tuvo lugar en una ciudad donde, al lado de los policías locales estaban elementos de la seguridad e inteligencia federal. Se supondría que el interés del gobierno de Peña Nieto en 2014 debió ser el mostrar diligencia y cerrar con claridad y celeridad crimen tan notorio —la prensa lo reportó urbe et orbi— pero sucedió lo contrario y “el caso Ayotzinapa” siguió sin solución a lo largo de los cuatro años y meses que le restaban al sexenio. Tan escandalosa conducta fue un factor en la contundente derrota del PRI en 2018.

No sorprende que el gobierno peñista enmarañara “el caso Ayotzinapa” e inventara y destruyera evidencias, lo que llama la atención es que el gobierno actual no haya podido avanzar en la investigación con la velocidad y contundencia conque inicialmente se supuso lo haría. Y es que está en el interés de AMLO y de su proyecto de transformación cerrar bien la investigación de lo acontecido en Iguala por sus dimensiones y sordidez.

El representante de los padres de los jóvenes desaparecidos, Vidulfo Rosales, acepta que AMLO y Gobernación (Alejandro Encinas en particular) muestran una clara voluntad de llevar a buen fin esta investigación, pero, en su opinión, hay dos instituciones clave que no denotan igual empeño: el ejército y la fiscalía, (https://www.sinembargo.mx/24-09-2021/4032294). El 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, siguió toda la operación de detención de los estudiantes, es más, un testigo asegura que 25 de los jóvenes fueron llevados a la sede del batallón para interrogarlos, pero se ignora lo que aconteció después. Por lo que hace a la fiscalía, Rosales asocia su lentitud a las maniobras de un puñado de sus funcionarios con raíces en el pasado. Todo esto debe aclararse sin dejar lugar a dudas.

En suma, por el bien de (casi) todos, debemos insistir en que se acelere la investigación, se responda a las interrogantes planteadas por el representante de los familiares de los estudiantes, se ponga al descubierto la cadena de hechos y de responsables, se haga justicia y se muestre que la fuerza política y moral de la elección de 2018 puede imponerse sobre los intereses y resistencias de un viejo régimen que aún debe ser transformado. 
 

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