Batallas de la 4T: el frente judicial

Lorenzo Meyer

El PJ es el único poder que no surge de la voluntad ciudadana

La “Cuarta Transformación” (4T) se ha propuesto modificar la naturaleza del régimen heredado. Su estrategia implica usar instrumentos del Ejecutivo para deshacer, debilitar o neutralizar enclaves que dentro del propio aparato de gobierno se han convertido en focos de defensa de los intereses creados. Tal es el caso del poder judicial (PJ) que, no obstante, notables excepciones, históricamente está muy identificado con lo injusto y lo corrupto.

A partir de las revoluciones del siglo XVIII la teoría democrática sostiene que la división de poderes es consustancial al buen gobierno. De sus tres ramas clásicas —legislativo, ejecutivo y judicial— es el PJ el único que no surge directamente de la voluntad ciudadana. En torno a este punto, el teórico de la división de poderes, Montesquieu, había considerado que, en “esencia” y frente a los otros poderes, el PJ era un “poder nulo”, es decir, sin base propia. Si la ley era clara y los jueces imparciales, sus decisiones tendrían la nitidez de un teorema y en la claridad de esas decisiones estaría su fuerza y legitimidad que, por tanto, sería básicamente moral.

Un teórico político no particularmente progresista pero agudo observador de la evolución política mundial, Francis Fukuyama, considera que, en su país, Estados Unidos, ese PJ ya está muy influido por grupos de interés y políticos, ha ido perdiendo la fuerza moral y en cambio ha ido usurpado áreas de dominio real que originalmente eran del ejecutivo, lo que constituye un signo de “decadencia política” (Political order and political decay, [N.Y. 2014], pp. 486 ss).

Por milenios, y salvo excepciones como la democracia ateniense, se supuso que entre menos dividida la autoridad mejor para el orden político. Por ejemplo, el imperio persa de Ciro el Grande (siglo V a. C.) además de una enorme red de espionaje construyó otra igual de caminos para su exclusivo con el sólo fin de enviar órdenes y recibir información que permitiera controlar todo proceso político significativo en las satrapías (provincias). Cuando el estado nacional español empezó a tomar forma y se extendió a América, el rey Felipe II empleó casi todo su tiempo en mantener y extender el control directo sobre dominios enormes.

Cuando México por fin pudo dar forma a un sistema político propio optó por un arreglo acorde con las teorías más revolucionarias y modernas: una república democrática, presidencial, federal y con división de poderes. Sin embargo, lo que finalmente echó raíz fue un sistema centralista, presidencialista y autoritario. Desde el Porfiriato y hasta la decadencia del sistema priista no hubo espacio para la independencia del legislativo y el judicial. Sin embargo, cuando ese sistema se desmoronó, el PJ, sin haber modificado su naturaleza deformada por decenios de subordinación y corrupción, se encontró en un espacio desconocido: el de la libertad frente a la presidencia. En principio, tal situación debería ser positiva, pero sólo si el PJ ya no cargara con el peso de su pasado de sumisión y corrupción, lo que no es el caso. Y el ejemplo más reciente es la escandalosa crisis del TEPJF, conformado por un puñado de magistrados con obvias ligas con los partidos del viejo régimen que hace imposible su imparcialidad, bajo sospecha de riquezas mal habidas y una disputa interna feroz. Ejemplos similares abundan.

El PJ, ya independiente del presidente, ha hecho todo lo posible por frenar a la 4T y aunque el jefe del ejecutivo lo ha calificado de “podrido” ha terminado por aceptar públicamente que él simplemente ya no dispone de instrumentos para reformarlo. En suma, un PJ que en el viejo régimen no era poder, ahora lo es, pero sin haberse librado de su pasado y con malas intenciones respecto a los cambios del presente. 

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