El brutal asesinato de once jóvenes en el marco de la celebración de una posada en Salvatierra, Guanajuato, es el enésimo episodio de un país que vive una crisis de inseguridad que ha llegado a niveles insostenibles.
Ese sólo hecho en cualquier país normal habría provocado una crisis política ante la incapacidad de los gobiernos de procurar paz pública y seguridad a sus gobernados. Cuando hechos de tal magnitud e impacto ocurren, las renuncias de los funcionarios involucrados por la omisión de cumplimiento de esa tarea básica del Estado son inevitables e inmediatas. Aquí no pasa nada.
Y es que la primera función del Estado es brindar las condiciones de seguridad en las que se funda la convivencia social. Bajo esa premisa nació conceptualmente el Estado moderno. Para Thomas Hobbes la base misma del contrato social es el compromiso del Estado de garantizarle a los gobernados (los autores del contrato social que, a través del mismo, deciden autónoma y voluntariamente —porque así les conviene a sus respectivos intereses— someterse a su autoridad) las condiciones de seguridad necesarias para garantizar su vida y sus posesiones. Sin embargo, para Hobbes esa sumisión al soberano era absoluta y si bien el Estado debía garantizarles seguridad a sus súbditos nadie los protegía frente a los abusos del poder.
Con John Locke, padre del constitucionalismo moderno, cambian tanto el tipo de subordinación de los gobernados al Estado, como los alcances del poder que éste puede ejercer sobre aquellos, pero no la obligación y función básica para las que los hombres han decidido la creación misma del Estado: garantizar a todos paz y seguridad, condiciones básicas para la convivencia colectiva.
Eso es a lo que el Estado mexicano ha claudicado: garantizar protección para sus gobernados. Lo que priva en el país ya no es la paz pública y la seguridad como regla, sino la violencia y la inseguridad como la normalidad en la que vivimos.
La política de “abrazos, no balazos” del gobierno actual constituye el nivel más bajo de la profunda degradación que hemos alcanzado. Es la renuncia misma a la aplicación de las normas básicas que soportan y dan sentido a la convivencia social, mismas que suponen que el Estado es el único ente legitimado en una sociedad para el uso de la fuerza y que cualquier excepción debe ser perseguida y sancionada.
Esa renuncia del Estado a su función básica tiene dos efectos muy graves. Por un lado, la normalización de la violencia; es decir, el perder la capacidad de indignación frente a los cotidianos y cada vez más brutales hechos de violencia y, en consecuencia, de exigencia para que los gobiernos cumplan con su tarea de brindar seguridad. El problema es que para los gobernantes las omisiones o sus políticas fallidas en la materia ya no les supone costo alguno. Los irresponsables y los omisos salen ganando.
Por otro lado, la ausencia del Estado provoca que los ciudadanos tomen la justicia en sus manos y asuman por sí mismos la responsabilidad de su propia seguridad como ocurrió con los campesinos de Texcapilla quienes, hartos de las extorsiones a que venían siendo sometidos, hicieron justicia por su propia mano y ajusticiaron a los delincuentes. El problema es que, cuando esta “solución” se instala en una sociedad, se abre la puerta a la lógica del más fuerte y no de la prevalencia de la ley y de las reglas básicas de la convivencia. Se da paso, pues, a la espiral de la violencia. Justo lo que pasó en ese poblado mexiquense en donde una familia entera fue secuestrada como revancha y en donde la mitad de la población ha tenido que huir por temor a las represalias del crimen organizado. La lección se repite: la violencia genera más violencia.
Las elecciones son un poderoso mecanismo de rendición de cuentas, con nuestro voto los ciudadanos premiamos o castigamos las buenas o las malas políticas públicas. Por eso deberíamos exigir que ante la indolencia del actual gobierno y el fracaso rotundo de su política de seguridad, ésta se convierta en un tema central de discusión en las campañas electorales y que las diversas soluciones que se propongan sean elemento orientador de nuestro sufragio.