En una democracia, las reglas del juego político (las que definen cómo se accede al poder, cómo se ejerce, cómo se renueva y cómo se transfiere) deberían ser el resultado de un acuerdo integral e incluyente mediante el que se define una condición básica de la convivencia colectiva, no de una imposición unilateral por parte de una parte de la sociedad sobre las demás. Eso es así, porque se trata de las reglas fundacionales de la vida social.
Se trata de uno de los elementos distintivos de las democracias frente a las autocracias. En las primeras, las reglas son convenidas, es decir acordadas por todos los actores políticos y, en consecuencia, acatadas porque expresan ese consenso esencial y primordial. En las segundas, las reglas se imponen por parte de quien tiene la capacidad de hacerlo sobre los demás quienes están obligados a obedecerlas, asumirlas y ajustarse a ellas por las buenas, o por las malas —como casi siempre ocurre—.
Consenso o imposición, esa disyuntiva encarna una de las dicotomías conceptuales a las que puede reducirse la contraposición entre las democracias y las autocracias y que las distingue inevitablemente.
Se trata de un asunto tan elemental que debería ser entendido por cualquiera que se precie de ser democrático. La democracia, en ese sentido, implica la inclusión del mayor número posible de voluntades (idealmente todas) en torno a las reglas a las que todos convienen someterse y de las que depende la existencia de un colectivo político (un pueblo) a partir de una aceptación autónoma (es decir, voluntaria y no impuesta) de las mismas. La idea del pacto social que da origen y sentido a las democracias modernas y que se expresa en la idea de soberanía popular —bajo la premisa de que el pueblo somos todos los que intergamos una Nación y no sólo algunos, aunque sean la mayoría— implica ese consenso colectivo. El “We the People” (Nosotros el Pueblo), en efecto, es una noción incluyente de los individuos; es un “nosotros” que equivale a “todos los ciudadanos”, no solo a “algunos”.
Y si bien esa idea se traduce en el consenso en los principios básicos en los que se sustenta un Estado (las definiciones sobre las que se funda la sociedad), se trata de una noción que, en congruencia, debe traducirse en las reglas esenciales del juego político y, en particular, a las reglas electorales en primera instancia.
Tener reglas electorales impuestas o consensuadas, dicho de otro modo, marca la diferencia entre vivir en una democracia o en un régimen autoritario. Ni más, ni menos.
Ese debería ser uno de los aprendizajes fundamentales del proceso de cambio político que conocemos como transición a la democracia. La idea central del mismo fue incluir a quienes habían estado excluidos hasta entonces de las dinámicas del juego político y hacerlos copartícipes no sólo del de la vida política del país, sino también de la definición de las reglas con las que este funciona.
No es casual que todas las reformas electorales desde 1994 en adelante hayan sido el resultado de una discusión abierta e incluyente de todas las fuerzas políticas y de múltiples actores sociales, y no sólo de los partidos que gobernaban en su momento. Implicaron acuerdos y consensos entre los gobiernos, su partido y las oposiciones.
Fueron procesos en los que colectivamente se identificaron los problemas (muchos de ellos indicados por las oposiciones, por cierto), se discutieron públicamente las mejores maneras de atenderlos y se construyeron los acuerdos correspondientes. Las reglas entonces fueron definidas de una manera abierta, incluyente y de cara al público.
Justo al revés de como hoy el morenismo pretende cambiar las reglas electorales: en secreto, atendiendo sólo a sus intereses, para su propio beneficio, sin escuchar a nadie y siguiendo sólo sus propios dogmas y consignas.