Desde finales de los años 70, todas las reformas electorales han tenido el propósito de resolver problemas, no de provocarlos. Por eso, más allá de que alguna de ellas hubiera incluido elementos que implicaron alguna eventual regresión concreta (como la malhadada introducción de una “cláusula de gobernabilidad” en 1986, reforzada en 1990 y, finalmente, suprimida en 1993), en general, todas las reformas se pensaron e instrumentaron con el propósito de atender las necesidades específicas que resultaba indispensable solucionar para democratizar al sistema político.
En un primer momento, la reforma de 1977 se enfocó en revertir la lógica autoritaria, de cerrazón y exclusión que caracterizó al régimen postrevolucionario, abriendo el sistema de partidos a opciones políticas que hasta entonces habían estado condenadas a vivir en la clandestinidad (en particular, pero no sólo, las de izquierda) y, a través de la figura de la representación proporcional, a incorporarlas en la Cámara de Diputados para hacerlas copartícipes del proceso de decisión política.
Más tarde, la reforma de 1986 amplió el número de diputaciones plurinominales (a su actual número de 200) continuando la lógica de apertura que se había iniciado previamente.
Luego de la controvertida elección de 1988 y de la crisis de legitimidad que trajo consigo, la reforma de 1989-90, transformó radicalmente el sistema electoral introduciendo nuevas instituciones (el IFE y el Trife), reglas y procedimientos (como la creación desde cero de un nuevo padrón electoral), con el propósito de inyectar certeza, confianza y transparencia en los procesos electorales.
La reforma de 1993 avanzó en el mismo sentido, reforzando muchos de los cambios que tres años antes se habían introducido, como establecer que la nueva credencial para votar contaría, para mayor certidumbre, con la fotografía del elector, o bien creando la figura de la observación electoral.
En 1994 se reformó urgentemente la legislación electoral para hacer frente a la violencia que amenazaba con descarrilar la vía política (con el surgimiento del EZLN al inicio de ese año y el asesinato de Colosio al comienzo de la campaña electoral), introduciendo, entre otras cosas, la figura de los “Consejeros Ciudadanos”, la observación internacional y el PREP.
En 1996 se consolidó la plena autonomía del IFE y, para resolver el problema de la inequidad en las condiciones de la competencia, se introdujo un nuevo modelo de financiamiento con preeminencia de los recursos públicos sobre los privados, además de un renovado sistema de fiscalización.
Más adelante, en 2007, para atender muchas de las objeciones de la oposición respecto de las conflictivas elecciones del año previo, se reformó profundamente el modelo de comunicación política para permitir el acceso gratuito de los partidos a la radio y la TV a través de los tiempos del Estado, se establecieron diversas prohibiciones para impedir el uso de recursos gubernamentales y la intervención indebida de servidores públicos en las campañas electorales y se dotó al Tribunal Electoral de la facultad de control de la constitucionalidad.
Finalmente, con la reforma de 2014 el IFE se sustituyó por el INE, creando un sistema nacional de elecciones para homogeneizar los estándares técnicos de las elecciones locales con los de las federales, además de fortalecer los mecanismos de fiscalización para mejorar el control financiero de los comicios.
Hoy, a contracorriente con la historia, el morenismo pretende una reforma que es innecesaria, que nadie más que el gobierno pide y que, con el falso pretexto de abaratar los comicios, busca derruir muchos de los pilares sobre los que se ha edificado nuestro sistema democrático, generando controversias y problemas en donde no los hay (incluso dentro de la coalición gobernante).
Un auténtico despropósito autoritario.