La reforma electoral impulsada por el gobierno, última pieza del proyecto de restauración autoritaria pretendido por el morenismo, puede convertirse en la fuente de delicados problemas y provocar una crisis de gobernabilidad que ensombrecería aún más el difícil escenario que enfrenta el país.
El contexto que hoy enfrentamos es grave y preocupante en prácticamente todos los ámbitos. La economía lleva completamente estancada un lustro y medio con niveles de crecimiento ridículos (0.7% anual en los últimos 7 años); la inversión, tanto la pública como la privada está particularmente contraída y no hay datos que indiquen que la misma va a incrementarse; la deuda pública ha alcanzado los niveles más altos de la historia con el consecuente costo de ese servicio para las maltrechas finanzas públicas; la economía informal sigue creciendo y casi alcanza a seis de cada diez empleos.
Por si todo lo anterior fuera poco, el contexto económico mundial tampoco es esperanzador: Apenas el martes el secretario de comercio estadounidense pronunció un encendido y polémico discurso en contra de la globalización; la embestida arancelaria detonada por el gobierno de los Estados Unidos ha introducido un inédito factor de incertidumbre para el comercio internacional y, además, las expectativas de cara a lo que pinta será una renegociación de cabo a rabo del T-MEC este año son realmente pesimistas para nuestro país pues, además del discurso proteccionista de su economía que ha sostenido la administración norteamericana, la lista de incumplimientos de las obligaciones que adquirimos con el Tratado en materia laboral, Estado de derecho, en contar con instancias autónomas que supervisen la competencia económica, entre muchos otros temas, es tan larga que todo apunta a que la “negociación” se traducirá en una carnicería sin piedad para nuestro país.
Adicionalmente, la reconfiguración de la geopolítica mundial derivada de la invasión soviética a Ucrania, las tensiones en Medio Oriente, la intervención norteamericana en Venezuela, las pretensiones de nuestro vecino del Norte sobre Groenlandia, la crisis de credibilidad y de eficacia que aqueja a los organismos multilaterales y la futilidad que, de manera peligrosa, vive el derecho internacional, entre muchas otras delicadas situaciones que marcan el momento actual, inyectan altos grados de incertidumbre en el futuro inmediato y frente al cual la errática política exterior del gobierno mexicano no hace sino ensombrecer el panorama.
Por otra parte, la inseguridad y la ominosa presencia del crimen organizado en amplias zonas del país, sigue siendo un problema estructural que está muy lejos de resolverse y que, además de volver intolerable la vida cotidiana en muchas comunidades del país, ahora también ha multiplicado las advertencias de una intervención militar “en tierra” de las fuerzas de seguridad estadounidenses —particularmente desde su intervención en Venezuela hace unas semanas—, lo que pondría en un grave entredicho la soberanía nacional.
Y, en medio de todo lo anterior, el morenismo pretende la aprobación de una reforma que, vistos sus antecedentes inmediatos (los fallidos o inacabados intentos que representan los Planes A, B y C), así como las directrices que deberían orientarla y que ha reiterado desde hace meses la presidenta Sheinbaum, lejos de fortalecer nuestro sistema electoral, reforzar la representación del pluralismo, potenciar la equidad de la contienda y proteger la autonomía de los órganos electorales, pretende desmantelarlos en tono con la devastación a la que han sometido desde hace un año y medio a las instituciones de nuestra democracia constitucional.
Lo grave es que, con ello, el oficialismo puede provocar una crisis política hoy inexistente (las muestras de inconformidad de sus partidos aliados, el PT y del PVEM, vistas en los días recientes son solo una primera advertencia de ello) que va a venir a agravar el complicadísimo panorama que se asoma en el horizonte. Una reforma mal procesada —como ha ocurrido hasta ahora—, impuesta unilateral y arbitrariamente y, por lo tanto, sin los consensos necesarios, más que ayudar va a ser una fuente segura de problemas de estabilidad, gobernabilidad y certidumbre, tres cosas que resultan fundamentales de cara al futuro inmediato.
En ese sentido cabe preguntarse: ¿pero qué necesidad…?