Una de las características del morenismo, tanto en la función de gobierno como en la legislativa, es su premura, la falta de cuidado técnico, el desaseo, la imprudencia política y su vocación atrabiliaria. Estos, entre otros, son algunos de los adjetivos que caracterizan a la sedicente cuarta transformación.
Ejemplos sobran y a lo largo de los últimos siete años, desde que asumieron el poder, se acumulan a montones en uno de los periodos más abusivos y contrahechos de la vida política mexicana (que, de por sí, podría nutrir abundantes volúmenes de absurdos, abusos y miserias que contrastan profundamente con algunos momentos épicos y gloriosos, lamentablemente escasos, de la historia nacional).
Si algo distingue la acción de los morenistas en el poder es que son muy malhechos. Incluso teniendo la mayoría para imponerse en el ámbito legislativo, los cambios que se han impulsado suelen ser técnica y procedimentalmente tan endebles que, en muchas ocasiones, no resisten el más sencillo test de legalidad o de constitucionalidad.
Un caso particularmente emblemático de lo anterior ocurrió cuando en diciembre de 2022, ante el fracaso de buscar imponer la reforma constitucional en materia electoral conocida como Plan A, que neciamente se impulsó a pesar de saber con antelación que no contaban con los votos necesarios para aprobarla, avalaron una serie de cambios a varias leyes secundarias en lo que se denominó Plan B.
La premura con la que se procesaron esos cambios en la Cámara de Diputados fue dictada por Palacio Nacional. El objetivo perseguido era evidente: para evitar pagar el costo de la derrota que les había inflingido la oposición al impedir la aprobación de las enmiendas constitucionales, la instrucción fue presentar y aprobar en cuestión de horas una iniciativa para reformar, de manera profunda y sustancial, seis leyes en materia electoral y así poder vender como un éxito la intentona reformista.
El problema fue que las y los legisladores oficialistas, al estar más preocupados por satisfacer los deseos de López Obrador que en cumplir los más elementales procedimientos legislativos, cometieron tal cantidad de atropellos, errores y violaciones a las reglas que implícitamente provocaron que fuera inevitable su anulación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez que las modificaciones fueron impugnadas.
Como el anterior, ejemplos sobran. Es una consecuencia inevitable cuando la lógica de funcionamiento del morenismo y sus gobiernos ha sido la de exigir un “90% de lealtad y un 10% de capacidad” (aunque a veces suelo pensar que nos engañaron a todos porque la exigencia de lealtad seguramente debe rondar el 99% o más).
Lo anterior, además, se ha potenciado por la soberbia (hibris) con la que actúa prácticamente todo el oficialismo desde que se hicieron fraudulentamente de una mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso. La discusión sobra, la interlocución con la oposición es una molestia innecesaria, las razones o los argumentos son irritantes e inútiles, el convencimiento también. Todo ello ha dado lugar a una arrogancia vulgar y soez. La que suelen tener los que no tenían nada y ahora lo creen tener todo… hasta que, en su ceguera, altanería y desmesura, terminan por tropezarse ellos mismos.
Así les ha pasado, precisamente, con la reforma electoral, al menos hasta ahora. En su petulancia, el oficialismo se fue de largo pretendiendo destruir la escalera común que con tanto esfuerzo habíamos venido construyendo de manera colectiva y consensuada para que, quien tuviera los votos necesarios, pudiera acceder al poder público (remito a la metáfora que utilicé en mi discurso el 18 de febrero de 2024 en el Zócalo), sin ponerse a pensar ni siquiera en los intereses de sus aliados del PT y el PVEM sin los cuales no alcanzan los votos necesarios para cambiar la Constitución.
Ahora, topándose con pared, han tenido que recular y se han visto obligados a negociar temas que, hasta ahora, eran intocables del proyecto de reinstauración autoritaria del morenismo, como la reducción drástica del financiamiento público o la eliminación de los legisladores plurinominales.
Aunque no queda claro de en dónde va a terminar esta historia, lo que cada día se vuelve más evidente es que, como he sostenido, son unos malhechos. Lo malo es que todos vamos a acabar pagando por sus tonterías.