La demolición de la democracia

Justo hace dos años, el oficialismo dio inicio a un vertiginoso proceso de demolición de la institucionalidad democrática, concretado en unos cuantos meses, y que implicó una profunda transformación del texto constitucional. ​Los partidos de la coalición gobernante, fuertes, por un lado, de una mayoría calificada en la Cámara de Diputados que indebidamente les obsequiaron el INE y el Tribunal Electoral (violando los límites constitucionales permitidos para la sobrerrepresentación, pues con el 54% de los votos recibieron el 73% de los escaños) y, por el otro, de una operación cuasi-mafiosa de compra de votos, amenazas, presiones y chantajes, que les permitió alcanzar las dos terceras partes del Senado, estuvieron en capacidad, por primera vez desde que el país se democratizó, de cambiar la Constitución a su antojo y conveniencia.

​Con ello se trastocó una de las ideas fundacionales de la transición democrática recogida en la exposición de motivos de la reforma electoral de 1996 (la que fijó, precisamente, la prohibición de una sobrerrepresentación mayor al 8%) en el sentido de que ninguna fuerza política debía tener la capacidad de poder modificar la Constitución por sí sola, concibiéndola como la expresión de un amplio e incluyente acuerdo político y social y no como el reflejo de la voluntad unilateral de sólo una parte del espectro político.

​De este modo, Morena, el PT y el PVEM reinventaron a modo el Poder Judicial introduciendo la elección popular como método para designar a todos los juzgadores y, con ello, abriendo las puertas a la captura política de la justicia; además crearon dos instancias: el Tribunal de Disciplina (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que les permitiría el control absoluto de los jueces y de sus resoluciones. También decidieron desaparecer a siete órganos constitucionales autónomos que les resultaban incómodos y que aún no habían podido colonizar como había ocurrido con la CNDH (que en los últimos años dejó de ser un órgano de defensa de los derechos humanos para convertirse en una instancia de propaganda y de respaldo del gobierno). Y finalmente concretaron la plena militarización de la seguridad pública con la adscripción orgánica de la Guardia Nacional a la SEDENA.

​Más tarde buscaron cambiar las reglas electorales para desaparecer la representación proporcional en el Congreso y volver a un sistema de representación política que premiara sólo a las mayorías, así como para debilitar tanto la independencia y autonomía de las autoridades electorales (a partir de la elección por voto popular de las consejerías del INE), como sus capacidades de investigación y sanción; pero fracasaron en su intento. La soberbia le cobró factura a Morena y dado el maltrato que les dispensó al PT y al PVEM, que ni fueron consultados ni tomados en cuenta, éstos le negaron los votos que requería para cambiar a nuestra norma fundamental en esa materia.

​Sin embargo, con lo que lograron cambiar fue suficiente para dejar irreconocible el orden constitucional que se construyó para democratizar al país. Los resultados están a la vista de quien quiera verlos.

​Así, todos los asuntos relevantes que la SCJN ha resuelto desde que tomaron posesión las y los ministros electos han sido favorables a los intereses del gobierno. El TDJ y el OAJ se han ensañado particularmente con los jueces de carrera que aún quedan y que todavía no han pasado por las urnas abriendo procedimientos disciplinarios o cambiándolos arbitrariamente de adscripción (especialmente a quienes, en su momento, habían protestado contra la reforma). Y “Transparencia para el Pueblo”, el órgano que sustituyó al INAI, según lo han informado OSC dedicadas al tema y algunos reportes periodísticos, ha confirmado las negativas de información de las instancias del gobierno en más del 99% de los casos.

​Y esos son sólo algunos de los primeros y dramáticos efectos de la demolición.

Investigador del IIJ-UNAM. @lorenzocordovav

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