Una de las maneras de describir a la democracia es como la forma de gobierno en donde el proceso de toma de las decisiones políticas se origina desde abajo, desde el conjunto de las y los ciudadanos, ascendiendo hacia lo alto de la estructura del poder público. En las democracias el entero proceso decisional inicia con el voto de los electores eligiendo a sus representantes y gobernantes (salvo cuando se trata de mecanismos de democracia directa en los que, excepcionalmente, resuelven ellos mismos) y transfiriéndoles a éstos el mandato de tomar las decisiones políticas por nombre y cuenta de todos.
Ese es uno de los elementos diferenciadores de las democracias frente a las autocracias, en donde, por el contrario, la decisión se origina en lo alto, desde los vértices del poder —y en el caso extremo por el autócrata (el que “ejerce el poder por sí mismo”) en persona—, y se impone hacia abajo. En ese sentido, aquí los gobernados son meros sujetos pasivos del mandato político (súbditos), a diferencia de las democracias en donde juegan un papel activo (ciudadanos) en la creación, en su origen, de las decisiones colectivas.
Pero, además, la historia moderna enseña que no ha habido democracia que haya surgido en los últimos tres siglos como concesión graciosa del poder. Su nacimiento siempre ha sido el resultado de luchas contra el autoritarismo en las que la conquista de los derechos de participación política en favor de las y los ciudadanos ha sido el resultado de afanosas y duras batallas (a veces cruentas y sangrientas) en contra de quienes detentaban, ejercían y, casi siempre, abusaban del poder.
También en ese sentido las democracias se originan desde abajo, gracias a una serie de luchas políticas y sociales por conquistar y expandir gradualmente los derechos políticos a un número cada vez mayor de ciudadanos y ciudadanas.
Así, inicialmente, las democracias modernas preveían un estatus de ciudadanía (del que depende la titularidad de los derechos políticos) muy restringido y garantizado a un número de personas muy pequeño. En un principio, ese estatus estaba reservado sólo a quienes cumplían una serie de requisitos de nacionalidad, edad, género (varones), raza, religión y renta (es decir a los propietarios).
La lucha por la universalización del sufragio (es decir, su expansión) fue lenta, gradual y compleja; extendiéndose poco a poco a lo largo de varios siglos mediante la eliminación paulatina de requisitos de los que dependía aquel estatus. El ideal democrático de una amplia base ciudadana, sin distinciones consideradas como inaceptables, con derecho a incidir con su voto en los asuntos públicos es una conquista que, en el mejor de los casos, supera por poco el último siglo.
En el mismo sentido, la permanencia de la democracia depende de su respaldo por parte de la mayoría de la ciudadanía. La democracia no es una forma de gobierno que pueda sostenerse sólo desde el poder, si ello ocurre, tarde o temprano está condenada a desaparecer.
Suena a una obviedad, pero más vale recordarlo en tiempos, como los actuales, en los que el principal riesgo para las democracias es que los autoritarios llegan al poder mediante elecciones libres y auténticas y, una vez ahí, desmantelan desde adentro los sostenes institucionales de la democracia, igual que ocurrió hace cien años con el advenimiento del fascismo y del nazismo.
Frente a los nuevos autoritarios —como los de casa— que llegaron al poder por voluntad del pueblo y en su nombre aniquilan la democracia (frecuentemente en medio del aplauso público), hay que recordar que la única manera de defender nuestras endebles conquistas políticas es con la participación y compromiso de la ciudadanía. Por eso el surgimiento de expresiones tan disímbolas como genuinas como el Frente Amplio Democrático son de celebrarse.